En un comunicado, la patronal abulense comparte la posición de CEOE, que se ha mostrado totalmente en contra de la amnistía y ha manifestado la necesidad de que los dos grandes partidos políticos de España se sienten a negociar y lleguen a acuerdos en cuestiones de trascendencia que exigen a nuestros representantes elegidos visión de país, aun a costa de renuncias partidistas.

Los empresarios destacan estar con la unidad de España y con la Constitución, y advierten de qué escenario al que podría abocarnos la consumación de este pacto es el de la “desigualdad, la falta de equilibrio entre territorios, un mayor distanciamiento entre comunidades autónomas y un estatus de ciudadanos privilegiados frente a ciudadanos desfavorecidos”.

“Si se aduce como razón el pago de presuntas deudas históricas, hay que recordar que todos tenemos, como demuestra el déficit crónico en el tratamiento presupuestario, en comunicaciones (ferrocarril, autovías), en industria o en la ejecución de inversiones reales de la provincia de Ávila”, han indicado.

CEOE apunta que las organizaciones empresariales se muestran abiertas al diálogo y la negociación, siempre dentro del orden constitucional, y “defienden la legitimación de los organismos reconocidos como más representativos, el valor de la negociación colectiva, que el PSOE está obviando en este proceso de investidura”.

Jornada laboral
Y señalan que desde finales de octubre se ha expresado desde la patronal el rotundo rechazo a las medidas incluidas en el acuerdo programático al considerar que tendrán un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos, y por tanto para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España.

Creen “sorprendente” que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del Diálogo Social, acordando aspectos muy relevantes, como el relativo a la jornada laboral, “a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales”, a la vez que consideran que “existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero no como consecuencia de una imposición legal sino mediante la negociación colectiva”.

La patronal señala que la regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, “analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador”.

Aumento de costes

Según los empresarios, “hacerlo de otra manera, y fuera del marco del Diálogo Social, supone un aumento de costes para las empresas, que se suma a los mayores costes de producción, de financiación y de otro tipo (cotizaciones, subida del SMI) que ya venían sufriendo y cuando muchas de ellas, en especial pymes y autónomos, siguen yendo por detrás en la recuperación”.

Y subrayan que “la confianza es respetar los pactos sociales alcanzados en el Diálogo Social, desde la Reforma Laboral hasta el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva firmado el 10 de mayo por un periodo de tres años”, puesto que “lo contrario es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales”.

“Las empresas y los empresarios españoles trabajamos para impulsar el desarrollo de España y para que nuestro país esté en las mejores condiciones de hacer frente a los desafíos que tiene por delante, y merecemos el respeto y la valoración que nos ganamos, cada día con nuestra labor”, concluye la valoración de los empresarios sobre el acuerdo de investidura.