El caso deriva de la denuncia presentada por la administración concursal, que asumió la gestión de la empresa de los Ruiz-Mateos en mayo de 2011, contra Nueva Rumasa, porque dejó una deuda de 64 millones de euros a una larga lista de proveedores.

Además, los administradores concursales acusan a los Ruiz-Mateos de “animo fraudulento” por el falseamiento de la contabilidad, desaparición de cantidades económicas y falta de colaboración con ellos al asumir la gestión.

A la vista oral no se ha presentado José María Ruiz-Mateos, quien no ha viajado a Ávila alegando enfermedad. En su lugar han acudido cinco de sus seis hijos varones -de los 13 hermanos siete son mujeres, pero las empresas sólo están a nombre de ellos-.

El argumento utilizados por los letrados de Nueva Rumasa sobre la acumulación de deudas se han basado en circunstancias sobrevenidas “absolutamente fortuitas” por la crisis, que provocó una bajada de ventas de las galletas a la vez que un aumento de los precios de las materias primas utilizadas en la producción de la factoría.

Padre o hijos
Otro factor está en juego en este caso es si el responsable es el padre como titular de la empresa, o si son los hijos. Éstos han usado en su descargo que quien tomaba las decisiones era su padre, sin que ellos tuvieran implicación alguna. De todos modos, en la vista se ha conocido que quien había acudido en varias ocasiones a la fábrica era uno de los hijos: Álvaro Ruiz-Mateos.

Los 64 millones de euros que suman las deudas que dejaron los Ruiz-Mateos, cuando se produjo la declaración del concurso de acreedores, corresponden a una larga lista de medio centenar de proveedores. Entre ellos dos se han personado en la causa, y un tercero se ha sumado a las tesis de la administración concursal.

Ni los abogados de Nueva Rumasa ni los hijos de Ruiz-Mateos quisieron efectuar declaraciones a los periodistas al término del juicio, que transcurrió entre las 10 y las 15 horas del martes.

Acusaciones
Uno de los tres administradores concursarles de Elgorriaga, que dejaron la empresa en marzo de 2012 cuando Urbasa adquirió la compañía, Miguel Ángel Martín de Miguel, ha confiado en que se considere a Nueva Rumasa “culpable” de provocar “dolosamente” la situación, por el “falseamiento de datos, la falta de dinero” y no prestar colaboración con ellos para asumir la gestión.

El letrado también ha destacado que de los 64  millones de euros de deuda, 47 corresponden a la empresa de publicidad Carat España SA, que “ni quiera aparecían en la contabilidad que aportaron” al final de su etapa en la compañía.

Acerca del titular, el veterano empresario, y sus hijos, aparecerían como “teóricamente administradores dos hombres de paja”.

La condena que piden para los Ruiz-Mateos es la inhabilitación para gestionar bienes de terceros y la pérdida de cualquier derecho sobre la empresa.

Sin despidos
Por otra parte, el responsable de la administración concursal ha querido destacar la situación de la que logró salir Elgorriaga: “de las más de cien empresas, en todas ha habido expedientes de regulación y despidos, la mayoría ha cerrado o ha cesado su actividad”.

Por el contrario, en este caso “es la única del grupo Nueva Rumasa que no ha despedido trabajadores”. Y ha aludido a la situación actual, año y medio de que la adquiriera Urbasa, ya que a los 70 trabajadores se añadieron ocho nuevos y en los últimos meses 30 eventuales.
Martín de Miguel recordó que la gestión de los administradores concursales contó con la colaboración “impagable” de los empleados y el gerente.

A la salida del juicio, dos de los hermanos Ruiz-Mateos conversaron amigablemente con las representantes sindicales de la factoría. No se pudo captar la imagen de todos ellos juntos.

Elgorriaga cuenta en la actualidad con cuatro turnos de trabajo, de los que dos producen por la mañana, uno por la tarde y otro por la noche para atender la creciente demanda de pedidos.