A los investigados, que son 22 personas físicas y ocho jurídicas, se les acusa de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.

Las presuntas irregularidades han sido detectadas en el cobro de estas subvenciones por parte de ganaderos de las provincias de Ávila, Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Salamanca y Cantabria.

Esta operación denominada Pacquiao, la primera llevada a cabo por parte de una unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, con la Fiscalía Europea, ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma). En la misma ha colaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia.

Los implicados habrían estado omitiendo el uso de guías de transporte de ganado y simulando el pastoreo para obtener, de forma ilícita, una serie de ayudas de la Política Agraria Común (PAC)

Se estima que los investigados habrían obtenido un beneficio ilícito cercano al millón de euros y tras la investigación patrimonial, que se ha realizado en paralelo, han resultado congelados cerca de 100 inmuebles valorados en más de cuatro millones de euros.

Más de un año de investigaciones

La Guardia Civil comenzó las investigaciones por fraude en el cobro de subvenciones de la Unión Europea, vinculadas a la sanidad y el bienestar animal, en junio de 2022, cuando tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención ilícita de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), en connivencia, supuestamente, con personal de la administración perteneciente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta.

El objeto de estas ayudas es apoyar las rentas de los agricultores y ganaderos para que “se rentabilice la agricultura y se garantice la producción de alimentos seguros”. Los derechos de estas ayudas son otorgados por la Administración autonómica competente y deben llevar aparejados unas tierras y una actividad a ejercer sobre ese terreno.

En este caso, las ayudas analizadas eran otorgadas por la realización de pastoreo con animales de abasto -para consumo humano- en unos pastos asignados a cada solicitante.

45.000 euros de beneficio por ganadero

Los ganaderos investigados solicitaban la ayuda de la PAC simulando la realización de este pastoreo en diferentes territorios ubicados en la provincia de Palencia; sin embargo, dichos ganaderos poseían explotaciones de vacuno intensivas, cuya finalidad era el engorde de los animales en el menor tiempo posible, por lo que estos animales nunca llegaban a pastar en las tierras objeto de la ayuda, según el instituto armado.

Por ello, los ganaderos implicados recibían una cantidad anual, ilícita, que rondaba los 45.000 euros en cada caso, por “simular pastar en unos terrenos cuando, realmente, el ganado nunca salía de las explotaciones intensivas”.

La Guardia Civil ha podido demostrar que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC, eran “reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España, que poseían ganado de abasto, que trasladaban a esos pastos para realizar la trashumancia”.

De esta manera, explica el instituto armado, “se obtenía un doble beneficio ilícito por los pastos, que eran imputados documentariamente a los ganaderos solicitantes de la PAC, para recibir la ayuda, pero realmente eran aprovechados por otros ganaderos que tenían que pagar por el uso de los mismos”.

Una trama familiar

Este fraude estaba encabezado por el jefe de una Sección Agraria Comarcal (SAC) de Palencia, que era el encargado, en primera persona, de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos y desoía las advertencias de los técnicos de su administración.

Se da la circunstancia que la veterinaria encargada de la inspección del ganado era la pareja sentimental del jefe de la SAC, quien no realizó ninguna inspección de campo, en el periodo durante el que se cometieron los ilícitos investigados, a pesar de la existencia de multitud de condicionantes de riesgo.

Además, el presidente de la Junta Vecinal, hermano del jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos como documento oficial obligatorio de cara a la solicitud de las ayudas.

Además, una serie de personas relacionadas a nivel personal con la figura del jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero, se encargaban de conseguir a los ganaderos solicitantes de las ayudas, en diferentes provincias, realizando de primera mano las gestiones necesarias para la obtención por parte de los ganaderos del beneficio ilícito.

Se estima que el beneficio económico obtenido rondaría el millón de euros y la investigación patrimonial realizada en paralelo ha culminado con la creación de un inventario judicial compuesto por 96 inmuebles, que han sido congelados a los investigados por un valor superior a los cuatro millones de euros, con el objetivo de hacer frente a las responsabilidades patrimoniales derivadas de la comisión de los ilícitos.