El recurso se produce después de que el 8 de septiembre se publicase en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la resolución de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, por la que se aprobó el proyecto de mejora de plataforma y firme de la carretera AV-915, entre Sotillo de la Adrada y el límite entre la provincia de Ávila y la de Toledo. Esta vía continua, en la comunidad de Castilla-La Mancha, por la CM-5001 hasta la localidad toledana de Talavera de la Reina.

Para este proyecto la Junta ha iniciado la expropiación forzosa de más 200.000 metros cuadrados para ampliar los 14 kilómetros de una carretera que discurre entre viñas y pastos, que afectará a más de 200 fincas rústicas.

La organización ecologista considera que “las obras son innecesarias, pues la carretera fue pavimentada hace poco y el firme se encuentra en perfecto estado”, además de que “tampoco está muy congestionada” puesto que “discurre sin apenas circulación” porque cuenta con “una intensidad media diaria (IMD) de 238 vehículos” según el mapa de aforos.

La comunicación entre Sotillo de la Adrada y las poblaciones de Higuera de las Dueñas, con 266 habitantes, y Fresnedilla, con 106 habitantes censados, “no requiere la ampliación de la carretera”, según el recurso, ya que “afectaría a la percepción del paisaje sobre la Sierra de Gredos y las estribaciones de la Sierra de San Vicente, y a la riqueza natural del suelo rústico, su fauna y su flora, de alto valor ecológico, como lo demuestra su inclusión parcial en la ZEPA y ZEC (Red Natura 2000) Valle del Tiétar”.

Fines especulativos

Consideran que “la ampliación de la carretera tiene fines especulativos a medio y largo plazo”, puesto que “dará entrada a trasformaciones del territorio de carácter urbanístico, incompatibles con las políticas de preservación de la diversidad biológica y la lucha contra el cambio climático”.

Según Ecologistas en Acción, los pueblos de la comarca están “necesitados de otras reformas, bienes y servicios de los que carecen”, a los que esta importante inversión económica, de 5.299,540,54 euros, “podría ser destinada, en lugar de emplear estos fondos en obras innecesarias”, que “conllevarán la destrucción de un rico patrimonio natural y que solo busca incentivar actuaciones especulativas favorecedoras del ladrillo, contribuyendo así a dañarlo más en el futuro”.

Además de recurrir la resolución de la Consejería de Movilidad, exige a la Consejería de Medio Ambiente que facilite la información pública sobre el proyecto y realice la evaluación ambiental de los efectos sobre la Red Natura 2000, Valle del Tiétar, de “unas obras, cuyo interés social y utilidad pública no están acreditados”.