Según el delegado de comunicación de la asociacón, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila dictó el pasado 10 de agosto un auto en el que acuerda incoar diligencias previas encaminadas al esclarecimiento de unos hechos que “hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa y tráfico de influencias” por parte del regidor, el popular José Miguel Muñoz.

Una de ellas por la regulación del tráfico, mientras que la otra alude a la supuesta contratación irregular de personal.

En el segundo de los casos, la denuncia hace referencia a “la posible contratación irregular de personal laboral en el Ayuntamiento” de este municipio que cuenta con las entidades de Aldeavieja y Blascoeles.

La asociación vecinal sospecha que dicha contratación se produjo “sin convocatoria pública ni pruebas selectivas”, lo que a su juicio puede suponer “una posible vulneración de los principios de publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público al que obligan las leyes”.

Este colectivo señala que jóvenes vecinas del municipio recurrieron a la entidad tras tener noticia sobre la dotación del puesto de trabajo e interesarse por la forma en que se había provisto la plaza, dado que a “les hubiera gustado concurrir a la misma en igualdad de condiciones y en el contexto de un proceso abierto”.

En este contexto, tanto la asociación como concejales de la oposición (dos del PSOE) solicitaron tener acceso a la información pública del expediente de contratación “sin ningún éxito”.  !Esta ocultación de la información pública y la ausencia de evidencias de la celebración de pruebas selectivas llevaron a la organización vecinal a pedir a la Justicia que se investigaran los hechos”, explica García.

Raya amarilla
La segunda denuncia admitida a trámite hace referencia a la colocación de una raya amarilla de “prohibido aparcar, la única que hay en el pueblo, frente al domicilio de un compañero de trabajo del alcalde”.

Según el delegado de comunicación del colectivo vecinal, esa actuación fue realizada “sin contar con competencias para ello, por ausencia de ordenanza municipal de tráfico”.

“De nuevo, la negativa del alcalde a proporcionar acceso, tal como solicitaban la asociación y concejales de la oposición, al expediente que decretaba la colocación de la banda señalizadora”, llevó a los miembros la asociación vecinal a concluir que “pudiera tratarse de una actuación arbitraria dirigida a beneficiar ilegítimamente a sus allegados”. 

Deterioro de la convivencia

Según García, los vecinos que han ejercido sus derechos, han promovido las denuncias, están siendo objeto de “acoso e increpaciones por parte de los seguidores del alcalde, que son numerosos, habida cuenta de que su empresa es la única mercantil asentada en el municipio que provee empleos”. 

El portavoz de la Asociación de Vecinos ha lamentado que la convivencia “se haya visto seriamente alterada por la polarización existente entre seguidores y detractores del alcalde”, a la vez que añade: “Se nos somete a una especie de chantaje inaceptable, ya que si queremos restablecer la cordialidad vecinal debemos mirar a otro lado y renunciar a denunciar las fechorías del alcalde, aunque supongan el continuo quebranto de la ley y el pisoteo de nuestros derechos”.

Más denuncias 

García explica que estas dos, “no son las únicas causas judiciales abiertas que afectan al primer edil”, ya que existe una causa penal “en estado avanzado”, relativa a “licencias y gestión urbanística del complejo residencial El Castillo”.

Asimismo, en el contexto de un procedimiento medioambiental se acusa al alcalde de un posible delito “contra los derechos civiles, por negarse a conceder acceso a documentación pública relativa, entre muchas otras, a la licencia medioambiental concedida en favor de la empresa en la que presta sus servicios el propio regidor”. 

“El ayuntamiento tiene suscritos con Cycasa Canteras y Construcciones SA contratos por la explotación minera de terreno público municipal y el alcalde también se niega a conceder acceso y publicar tales contratos con su empresa”, sostiene el portavoz de la asociación, quien señala que “tampoco los publica en sede electrónica tal como preceptúa la Ley de Contratos del Sector Público”.

Por otra parte, se encuentra “en estado de estudio” por parte de la Asociación de Vecinos un quinto proceso por “haber falseado la memoria justificativa” que dio lugar a la colocación de una veintena de cámaras de videovigilancia en las calles de las dos entidades que conforman el municipio, Aldeavieja y Blascoeles, que cuentan con 150 habitantes cada una.