El responsable de Medio Ambiente de UGT en Ávila, el agente medioambiental Carlos Maqueda, ha criticado que el operativo permanente de extinción de incendios forestales “apenas haya durado seis meses” por parte de la Junta.

Y ello, porque “a partir del día 20 de octubre” la Administración autonómica “ha prescindido de sus funcionarios encargados de la dirección de extinción, incumpliendo, no solo la normativa exigida a nivel estatal, sino su propia normativa”.

Por ello, UGT insta a la Junta a que “de manera urgente cumpla con la normativa establecida, no juegue con la salud del personal que lucha contra los incendios forestales, ponga en valor el operativo permanente que tanto vende y asigne guardias de incendios proporcionadas y adaptadas a las necesidades de la provincia a los máximos responsables en la extinción de incendios forestales: técnicos y agentes medioambientales”.

Según Maqueda, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio “ha borrado de un plumazo a los jefes de extinción y directores técnicos, al prescindir de los dos colectivos de funcionarios encargados de ejercer estas funciones dentro del Plan Infocal”.

De esta manera, se ha referido a los agentes medioambientales y técnicos, por “no asignarlos guardias de incendios al finalizar la Época Peligro Alta (EPA) de incendios forestales”.

Legislación estatal

En este sentido, UGT señala que la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 15/2022, de 1 de agosto, suponía la adopción de medidas urgentes en materia de incendios forestales, de manera que el Gobierno obligaba a las comunidades autónomas a "elaborar y aprobar planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, los cuales se aplicarán de manera continua durante todo el año".

Tras dicho decreto ley, la Junta de Castilla y León publicó el Decreto Ley 2/2023, de 13 de abril, de Medidas Urgentes sobre Prevención y Extinción de Incendios Forestales, cuyo artículo.1.3 aclara que "el operativo de prevención y extinción de incendios forestales tendrá una estructura de funcionamiento permanente a lo largo de todo el año, de modo que pueda mantener una operatividad continua".

“Pues nada más lejos de la realidad”, afirma Maqueda, antes de añadir que “si el año pasado la Junta de Castilla y León solventó el problema asignando guardias de incendios a 4 agentes medioambientales y a un técnico diariamente para toda la provincia de Ávila, -similar al operativo del resto de provincias- generando todos los problemas ya conocidos que esta escasez de personal conlleva, este año, ha prescindido de sus funcionarios encargados de la dirección de extinción a partir del 20 de octubre”.

De esta manera, el responsable sindical afirma que la Administración autonómica está “incumpliendo, no solo la normativa exigida a nivel estatal, sino su propia normativa”.

Asimismo, recuerda que “gracias a la firma del acuerdo del diálogo social para la mejora del operativo, son decenas de personas (120) las que diariamente están trabajando en la prevención, vigilancia y extinción de incendios”.

No obstante, puntualiza que “a partir de ahora, y tras la decisión unilateral de la Consejería de Medio Ambiente, tendrán que organizarse ellos mismos para combatir los eventuales incendios que se puedan generar”.

Por ello, UGT considera “temeraria y muy imprudente la decisión de no asignar guardias de incendios al personal encargado y máximo responsable de la extinción; antes, durante y después de la existencia de cualquier conato o incendio forestal”.

Quién tomará las decisiones

En este sentido, asegura desconocer “quién va a tomar a partir de ahora las decisiones técnicas, quién va a trazar una estrategia de extinción, quién va a movilizar a los medios necesarios para asistir a los incendios, quién va a solicitar medios si fueran necesarios a otras administraciones, quién va a organizar los relevos de personal…”, ya que todas ellas son “propias de los técnicos de guardia”.

“Como también desconocemos quién va a dirigir las tareas de extinción dentro del incendio, quién va a rellenar los partes de actuación de los diferentes medios, quién va a redactar los prepartes de incendios, quién va a realizar los informes de investigación, quién va a perimetrar los incendios, quién va a denunciar los hechos que dieron origen a los eventuales incendios… funciones todas ellas propias de los agentes medioambientales de guardia”, ha añadido.

Desde su punto de vista, con esta decisión “no solo se pone en entredicho la efectiva gestión de los recursos materiales y humanos con la que cuenta el operativo actual, sino lo que es más grave aún, la Administración autonómica pone en peligro la seguridad y salud del personal que lucha diariamente contra esta gran lacra de los incendios forestales".