Y todo ello, a partir de la reclamación de daños realizada por una ganadera de Ávila, cuya explotación había sufrido ataques de lobo. Dicha reclamación fue rechazada por silencio administrativo por parte de la Junta, que ahora deberá indemnizar a la ganadera abulense con 46.000 euros, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El alto tribunal reconoce a la ganadera su derecho a ser indemnizada, al mismo tiempo que calcula en 45.889,70 la indemnización que deberá percibir y señala que la ayuda entregada por la Junta, unos 2.500 euros, no fue suficiente.

Esta sentencia anula la actuación administrativa de la Junta, que es condenada también a asumir los costes de un procedimiento judicial contra el que cabe la posibilidad de recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo o ante la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en el TSJCyL.

Estima la demanda

El alto tribunal ha estimado en su totalidad la demanda presentada por la ganadera, propietaria de una explotación de 146 vacas reproductoras de la raza avileña negra ibérica en Ávila, una vez que la Junta desestimara por silencio administrativo su reclamación de responsabilidad patrimonial.

La ganadera exigía a la Administración autonómica 43.070 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por los cinco ataques de lobo sufridos por su explotación entre el 23 de abril y el 8 de agosto del año 2020, pese a que contaba con medidas preventivas y de protección.

Como consecuencia de la acción de los cánidos, sufrió la pérdida de cinco animales con menos de siete meses y de la fecundidad de la cabaña ganadera, fruto del estrés continuado (lucro cesante) ante los ataques constantes de los lobos, lo que cifró en siete terneros perdidos en un año.

En su reclamación también incluyó los costes asociados a los ataques, alimentación suplementaria y otras medidas de protección, amparado por un informe de valoración que presentó la afectada, que sostiene que el daño ocasionado por una especie protegida no debe ser soportado individualmente, pues las ayudas de la Junta resultan "insuficientes"-