La mujer, de 50 años, sufrió el accidente al quedar sus manos en una máquina de planchado el 10 de abril de 2022. La empresa, con domicilio en Madrid, dedica su actividad empresarial al lavado y la limpieza de prendas textiles y de piel.

Una resolución de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laboralesa ha impuesto la sanción por una “infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales”.

Cuando sucedió el accidente laboral, la trabajadora fue trasladada en helicóptero al Hospital Río Hortega, de Valladolid, y a causa de la gravedad de las lesiones falleció días después.

La Delegación Territorial de la Junta resolvió el expediente sancionador contra Sinbarreras SL al confirmarse los hechos del acta de infracción elaborado por la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social el 3 de agosto de 2022, constitutivos de una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales. La infracción se encuentra tipificada en el artículo 13.10 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS), consistente en “No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores”.

Segú la inspección, la máquina de planchado tenía desactivados los sistemas de seguridad en el momento de producirse el accidente, por lo que se impuso una multa de 49.181 euros, que es la mínima posible.

Notificada la empresa la sanción el 7 de diciembre de 2022, el 24 de enero de 2023 la empresa interpuso recurso de alzada contra la resolución, que fue rechazado por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales el 6 de marzo, notificado a la empresa el 6 de mayo, y ahora publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Las infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales se hacen públicas desde que lo determina un decreto de 2009.