Se trata de un bono dirigido a colectivos vulnerables, con el que se busca que personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad se doten de conexiones de banda ancha fija en sus domicilios o mejore su velocidad hasta un mínimo de 30 Mbps.

Esta propuesta de la Junta de Castilla y León, dirigida a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), se puso en marcha el 7 de julio, tras haber presentado la convocatoria a más de cien entidades sociales de las nueve provincias de la Comunidad.

Para llevar a cabo la iniciativa, financiada con Fondos Europeos NEXT Generation y que cuenta con un presupuesto total de 790.000 euros, se repartirán bonos de 240 euros anuales por beneficiario, para reducir en 20 euros al mes el coste total del servicio, IVA incluido, que deberá ser prestado, obligatoriamente, por aquellas operadoras que se han inscrito en el registro de colaboradoras hasta el pasado 14 de junio: O2 y Lowi.

Los que sean finalmente beneficiarios de este bono digital tendrán un mes, a contar desde la fecha de notificación de la resolución positiva, para contratar el servicio o mejorar las prestaciones del existente y mantenerlo como mínimo durante un año.