Durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico, Pascual ha expresado su oposición al cierre de oficinas bancarias y cajeros automáticos en los pueblos, a la vez que ha abogado por políticas que "fomenten el mantenimiento de los servicios financieros en los pueblos de la Comunidad".

 Así, ha defendido la necesidad de poner en marcha políticas que "fomenten" la conservación de dichos servicios en este ámbito, esto es, oficinas bancarias y cajeros automáticos en las zonas rurales de Castilla y León, donde "el cierre de bancos es una realidad que afecta, sobre todo, a las personas mayores". 

El procurador ha recordado que en la provincia abulense un 86,7% de los municipios ya no cuentan con una oficina bancaria, lo que supone "dejar desatendida, no solo a la población de las localidades en las que estaban ubicadas, sino también a las de alrededor", en su mayoría de avanzada edad.

"Se trata, por tanto, de fijar población, algo que se consigue garantizando a los ciudadanos una dotación adecuada de servicios públicos, evitándoles grandes desplazamientos y de garantizar que los pueblos cuenten, en la medida de lo posible, con los mismos servicios que las grandes ciudades", ha apuntado Pascual.