Todas ellas se han realizado de forma telemática utilizando el aplicativo desarrollado por la Junta de Castilla y León en un entorno web. El número de solicitudes es ligeramente inferior a las 6.832 del año 2022, de un 1,8% menos.

Las hectáreas afectadas son 510.959, donde destacan los pastos, con 341.063, junto a la cebaba (45.705), el barbecho (34.543) y el trigo (32.175). Le siguen las leguminosas y proteaginosas de consumo animal (12.864) y el centeno (10.830).

El número de solicitudes en su conjunto en Castilla y León ha sido de 65.543, por lo que también ha sufrido una disminución de en torno al 3,6% respecto al año 2022. La desaparición del régimen simplificado de pequeños agricultores, así como las mayores exigencias de las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, ha provocado la desaparición de ciertas explotaciones, cuya superficie ha pasado a englobar otras ya existentes, pues la superficie de cultivo de una forma global se mantiene.

Tipos de solicitudes

Por tipos de solicitudes, el mayor número corresponde al régimen de ayuda básica a la renta y pagos complementarios al mismo como el pago redistributivo, para el que se han presentado 59.345 solicitudes. El segundo lugar corresponde a la nueva ayuda denominada ecorregímenes, dentro del componente ambiental, a la que se han presentado 54.402 agricultores y ganaderos. Además, se han registrado 3.023 solicitudes para la ayuda complementaria a los jóvenes agricultores y otras 1.003 solicitudes de derechos de la ayuda básica a la renta procedentes de la reserva nacional.

En los próximos días, una vez obtenida la información definitiva por la finalización del periodo de solicitud, comenzará la difusión de la información de los recintos con discrepancias del control por monitorización, basado en la obtención de imágenes de los satélites Sentinel y un seguimiento continuo de la evolución de los cultivos.

Este novedoso método de control, en el que Castilla y León es pionera, resulta más eficaz con la necesaria colaboración y participación de los agricultores y ganaderos. En este sentido, para la resolución de las posibles discrepancias que puedan surgir del método de control automatizado, resultan de enorme utilidad las pruebas que se pueden aportar por los profesionales agrarios, principalmente fotografías georreferenciadas de sus cultivos y aprovechamientos, para cuya realización la propia Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pone a disposición de todos una aplicación propia. También son relevantes otras pruebas documentales como actas de Agroseguro, facturas de empleo de semilla o cualquier documento que permita verificar el ejercicio de la actividad agraria o el cultivo presente en aquellos recintos objeto de la mencionada discrepancia.

El objetivo, una vez más, es efectuar los anticipos de las ayudas en el primer día hábil que se autorice por la Comisión Europea, en todo caso a partir del 16 de octubre próximo, así como alcanzar una ejecución de pagos en el mismo año de la solicitud del 95%.