Los ópticos-optometristas son profesionales sanitarios de atención primaria que se encargan de evaluar y corregir los problemas del sistema visual, así como de detectar y derivar las condiciones patológicas oculares y sistémicas.
La incorporación de los ópticos-optometristas a la sanidad pública de Castilla y León supondría un ahorro para el sistema sanitario, ya que permitiría descongestionar las consultas oftalmológicas y optimizar los recursos disponibles, tal y como destaca el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León.
En este sentido, la delegada de COOCYL en Ávila, Pilar Cuadrado, asegura que el 80% de las consultas oftalmológicas podrían ser atendidas por los ópticos-optometristas en atención primaria, lo que supondría un importante ahorro a Sacyl. En concreto, según el informe sobre la ‘Ampliación de cartera de servicios en salud visual: una aproximación de evaluación económica’, entregado ya a la Consejería de Sanidad, y de acuerdo con las derivaciones desde Atención Primaria solo por problemas de agudeza visual –que se cuantifican en 74.000 personas al año en la población pediátrica y de 63.100 en la población adulta–, serían necesarias 31 unidades de Optometría en Castilla y León (15 para atención pediátrica y 16 para adultos), con un coste anual de 59.309 cada una, lo que supondría un desembolso de 1.838.579 euros, casi la mitad de los 3.642.300 euros de coste estimado en la actualidad.
Además, la incorporación de estos especialistas en nuestro sistema sanitario de Castilla y León mejoraría la calidad y la accesibilidad de la atención en salud visual, especialmente para los colectivos más vulnerables, como los niños, los ancianos, las personas con discapacidad visual o las que viven en zonas rurales o aisladas.
Los ópticos-optometristas pueden realizar revisiones periódicas, prescribir y adaptar ayudas visuales, realizar entrenamientos visuales y educar a la población sobre hábitos saludables para la prevención de enfermedades oculares.
La integración de estos profesionales en el sistema público de Sacyl también favorecería la coordinación y la colaboración entre los diferentes profesionales sanitarios implicados en el cuidado de la visión, como los oftalmólogos, los pediatras, los médicos de familia, los enfermeros o los farmacéuticos. Esta coordinación permitiría mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con problemas visuales, así como establecer protocolos comunes y criterios de derivación adecuados.
La incorporación de estos especialistas en el Sistema Nacional de Salud responde a una demanda social y a una realidad profesional cada vez más consolidada en otros países de nuestro entorno. En los sistemas sanitarios como los del Reino Unido, Francia o Alemania, los ópticos-optometristas forman parte del sistema público y tienen competencias para prescribir medicamentos o realizar procedimientos invasivos en el ámbito de la salud visual.
En España, hasta 11 comunidades autónomas cuentan ya con ópticos- optometristas en su sistema autonómico de salud: Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, donde trabajan unos 400 profesionales integrados en los servicios de Oftalmología contribuyendo a la mejora asistencial visual tanto en hospitales como en centros de salud. Y eso que, curiosamente, Castilla y León fue la primera comunidad autónoma española, junto a Navarra, en reconocer la categoría profesional sanitaria del óptico-optometrista en 2004, pero sin llegar a un mayor desarrollo.
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