Un hombre de apellido Pitaluga, huido y en búsqueda y captura, ha protagonizado un juicio por un delito de estafa en el que había otras dos acusadas, una de ellas su pareja, y por el que han desfilado hasta diez testigos. La trama de delitos se descubrió en Madrid, pero al menos uno de ellos se produjo en Becedas.

Aunque los testigos sitúan presuntamente a Pitaluga en diversas reuniones, el fugitivo no ha estado en la vista puesto que se encuentra huido de la justicia. Por lo que se ha enjuiciado a los demás implicados en la presunta trama. 

Durante la vista -que fue suspendida el 15 de marzo-, AMCA -supuestamente vicepresipresidenta de la Asociación de Víctimas del Sistema Judicial Democrático Español y pareja de Pitaluga- se ha acogido a su derecho a no declarar. 

Sin embargo, MIO sí ha querido enfrentarse al interrogatorio por parte del ministerio fiscal y de las defensas, puesto que no ha habido acusación particular. En este sentido, la acusada MIO ha confesado conocer a una de las personas supuestamente estafadas SCL por la cercanía entre los pueblos de ambos en la provincia de Ávila. 

En ese momento, SCL se encontraba condenado por una sentencia firme, a lo que MIO quiso ofrecer la ayuda de los miembros de la Asociación que tanto ella como su hermano conocían, ya que los estaban ayudando con algunos problemas a los que se enfrentaba la empresa familiar con el socio -que posteriormente resultaron ser un engaño también de la acusada AMCA y Pitaluga, según se ha reflejado en la vista oral. 

Durante casi cinco horas de vista oral, MIO -sentada en el banquillo como acusada- ha explicado ante las preguntas del fiscal cómo los presuntos representantes de la Asociación, se presentaron como abogados, por lo que hasta la madre de MIO llegó a firmar un poder notarial para los supuestos abogados de la Asociación. Todo ello con el objetivo de solucionar los pleitos que el socio de la empresa familiar había provocado, prometiéndolos arreglarlos.

Cuenta bancaria

Por otra parte, la defensa de AMCA ha mostrado su disconformidad con los hechos dado que no se corresponden con la realidad; al no tener ninguna intervención, ni existir prueba alguna que acredite el haberse lucrado indebidamente con cantidad alguna de dinero

Uno de los puntos clave de la vista celebrada ha sido la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la acusada MIO, aunque en su defensa ha reconocido abrir esa cuenta para las cuestiones económicas y legales relacionadas con los pleitos de la empresa de su padre con su socio. Por ese motivo, la pareja de la Asociación de Víctimas se quedó con toda la documentación, incluida la tarjeta de crédito, ya que presuntamente estaban ayudando a la familia con los trámites legales de la empresa. Una tarjeta de la que extrajeron dinero, tal como la Policía Nacional que ha investigado el caso ha podido reconocer a través de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria. 

La fiscalía establece que tanto AMCA como MIO, se aprovecharon de la “angustiosa situación” que estaba pasando la familia de SCL, para pedirles dinero en concepto de provisión de fondos para abogados. 

Como consecuencia del engaño sufrido y la esperanza de conseguir la libertad de su hijo, la madre de SCL realizó transferencias a favor de la cuenta facilitada por las acusadas -la mencionada anteriormente- por un importe de 24.500 euros. Además, su hermano, realizó otra transferencia por un importe de 15.000 euros. 

En esa cuenta la titular era MIO, aunque aparecía AMCA como autorizada. Sin embargo, el dinero ingresado, no fue destinado para interponer ningún recurso, sino para satisfacer gastos personales de Pitaluga -en paradero desconocido- y su pareja (AMCA), como coches de alta gama, presuntamente. 

Vehículos que sirvieron a la Policia Nacional para destapar la trama, debido a las quejas por parte de algunos vecinos que señalaban que algunos vehículos estaban utilizando sus plazas de garaje. Por ello, la policía investigo la titularidad de los mismos, que resultaron estar a nombre de MIO. Vehículos de los que, según la acusada, desconocía la existencia.  

Por todo ello, la familia de SCL quedó en una grave situación económica de desembolsos realizados, habiendo pedido dinero incluso a terceros. 

Solicitud de penas

La fiscalía solicita para AMCA 6 años por un delito continuado de estafa y 2 años para MIO por un delito de engaño al entender que participó activamente al pedir dinero a las víctimas. Además, tenía la posibilidad de comprobar si de la cuenta bancaria  que había abierto, se estaban realizando reintegros, antes de ser advertida por la Policía Nacional de la titularidad de los vehículos. 

Por otra parte, la defensa de AMCA muestra disconformidad con los hechos dado que no se corresponden con la realidad; al no tener ninguna intervención, ni existir prueba alguna que acredite el haberse lucrado indebidamente con cantidad alguna de dinero

Cabe señalar que, la defensa de AMCA solicitará además la imputación de los policías nacionales que han declarado en la vista oral por presunto delito de falsedad documental y falso testimonio, por considerar que han estado sujetos a toda subjetividad. 

Po su parte, la defensa de la acusada MIO pide la libre absolución ya que, bajo su percepción está sentada en el banquillo de los acusados, cuando es una perjudicada más de AMCA y Pitaluga.