La mujer, con el mayor grado de discapacidad, abonó las cantidades exigidas por el centro de la Diputación sin que se tuviera en cuenta la Ley de Dependencia. Otros afectados, en la misma situación, esperan que se aplique la misma doctrina, mientras que otros piensan recurrir ahora, pudiendo elevarse la cifra a 40 familias afectadas.

El letrado que ha defendido el caso, Juan Manuel Martínez, cree que es la primera decisión de este tipo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y que la cifra de afectados en la Comunidad por casos similares podría ser muy elevada.

La sentencia establece la firmeza de la sentencia que anula una resolución de 2009 de la Gerencia de Servicios Sociales, y declara el derecho de recibir todas las cantidades que ha abonado en exceso a la residencia por la plaza ocupada por la madre del recurrente, ya fallecida.

La residente, pese a ser beneficiaria de la Ley de Dependencia por tener el mayor grado de incapacidad, pagaba la plaza residencial en toda su cuantía, de forma que no disfrutaba de ninguna prestación de dependencia pese a tenerla reconocida.

Según el afectado, Agustín Muñoz, “la situación creada a estos afectados en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina les ha supuesto un auténtico calvario, tanto personal como económico”, ya que “han tenido que pasar años reclamando la solución ante una situación que ha resultado absolutamente injusta, de abierto incumplimiento de la Ley de Dependencia”.

"En este caso no pudo disfrutar de los beneficios de la Ley de Dependencia en vida, lo que aumenta, si cabe, la indignación y la injusticia", se lamenta.