Ante la ayuda a domicilio, “un sector ampliamente privatizado y precarizado”, proponen la ampliación de la plantilla de profesionales y una mejora de sus condiciones laborales para poder cubrir satisfactoriamente la demanda en este sector, “a la vez que se respetan los derechos de los y las trabajadoras”.

También consideran fundamental “la revisión de los trámites administrativos para la solicitud de las ayudas de dependencia, para tratar de minimizarlos, así como un aumento de personal, evitando la saturación de los profesionales que realizan valoraciones y permitiendo que se minimicen los plazos desde que se hacen las solicitudes".

Proponen, por otra parte, “el impulso de las actividades dirigidas a personas mayores que les permita un envejecimiento activo (gimnasia, fisioterapia, talleres de memoria, etc), así como en la puesta en marcha de un servicio de catering social para personas y familias sin recursos, y la adaptación del edificio de La Calera como residencia pública para personas mayores”.

En el caso del apoyo a las personas con capacidades diferentes, defienden una actuación municipal enfocada a la mejorara de la autonomía personal y la igualdad de derechos de personas a través tanto de la eliminación de barreras arquitectónicas como del “impulso de las actividades en centros abiertos, consiguiendo que conceptos como accesibilidad universal sean una realidad”.