Según el regidor, “ahora hay que trabajarlo y hacerlo bien porque si presentamos un recurso es para ganarlo, no para perder el tiempo”.

Desde su punto de vista, el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León constituye “una obligación ética y moral”, porque el Ayuntamiento “cree” en la legalidad de la modificación acordada en su día y que además aprobó la Junta de Castilla y León, administración competente en materia de urbanismo.

También ha tildado de “contradictorio” que un juez cuestione en una sentencia los argumentos del redactor de la norma, abogando en este sentido porque sean las instancias políticas las que prevean el crecimiento futuro de una ciudad a largo plazo.

Nissan
García Nieto ha recordado que la modificación estaba vinculada a la defensa de Nissan y se ha
preguntado “qué hubiera pasado” en Ávila si la multinacional nipona hubiera cerrado la factoría abulense.

Al respecto ha pedido “sensatez” y “mirar las cosas con perspectiva suficiente como para saber que se actuó para ayudar a que una gran empresa y un gran número de empleos se quedaran en Ávila”.

Por otro lado, el alcalde ha avalado las manifestaciones del portavoz del grupo de Gobierno cuando afirmó el jueves, tras la Junta de Gobierno, que no se había tomado ninguna decisión sobre el recurso, dado que “todavía no se había tomado” al desconocer que el plazo de presentación concluía el 10 de octubre, por lo que se adoptó “por la tarde”.

Coordinación
De este modo, García Nieto ha asegurado que “no existe discrepancia” entre el portavoz municipal, José Francisco Hernández, y el teniente de alcalde de Servicios a la Ciudad, Alberto Plaza. “Hay una coordinación absoluta entre todos los miembros del Gobierno municipal”, ha dicho.

Por su parte, Plaza ha insistido en que el recurso alude a la parte política y los objetivos que el Consistorio tenía para cumplir un convenio urbanístico para consolidar y desarrollar la planta de Nissan en la ciudad.

Además, desde el punto de vista técnico, ha habido resoluciones judiciales “similares” en Castilla y León y en España, por lo que ahora el Ayuntamiento de Ávila busca que el Tribunal Supremo se pronuncie, porque “hasta ahora no lo ha hecho” en ninguno de esos casos.