Todo ello tras una larga investigación que comenzó a finales de julio de 2022. Por ello se ha investigado a cuatro personas integrantes de una familia, propietaria de una explotación bovina de San Martín del Pimpollar.

Se les considera presuntos autores de los delitos de falsedad documental, maltrato animal y contra la salud pública. La actuación comenzó cuando la Guardia Civil halló tres cadáveres de vacas en avanzado estado de descomposición en una zona de pastos comunales en la que pastaban otras vacas, 12 terneras sin identificación auricular (crotal) y un alto número de reses con sus becerros también sin identificar, en cinco explotaciones ganaderas conjuntas de uso común en San Martín del Pimpollar.

Durante casi un año de investigaciones policiales, análisis de libros de registro, junto con multitud de inspecciones efectuadas a las cinco explotaciones bovinas conjuntas de uso común, se pudo descubrir que los propietarios habrían cometido diversas infracciones administrativas a la Ley de Sanidad Animal, al incumplir las condiciones mínimas de bioseguridad por almacenar animales muertos en explotaciones ganaderas, no comunicar a la Junta de Castilla y León las muertes y no tener identificado el ganado.

Irregularidades y falsedades

Además, también podrían haber cometido los delitos de falsedad documental, maltrato animal y contra la salud pública, al registrar fechas de nacimientos y muertes de ganado diferentes a las reales, como declarar madres de becerros que no lo eran, arrancar crotales identificativos de unos 60 becerros rajándoles las orejas, así como el haber realizado el transporte de ganado sin guías de traslado y sanidad animal a otra explotación bovina ya inmovilizada de la Comunidad de Extremadura, sin contar con las garantías necesarias y obligatorias que certificaran que se encontraban libres de enfermedades infecto-infecciosas y de declaración obligatoria.

Por todos estos hechos, estas cuatro personas fueron puestas a disposición judicial en calidad de investigadas y propuestas para varias sanciones administrativas, e inmovilizado todo el ganado para evitar que entraran en la cadena alimentaria sin la correspondiente trazabilidad, situación puede generar un grave riesgo a la salud pública.

Estas actuaciones han sido desarrolladas por el destacamento de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil de la Sierra de Gredos (Deprona), la patrulla del Seprona (Paprona) de la Guardia Civil de Piedrahita, la Sección de Ganadería de la Junta de Castilla y León en Ávila y la Unidad Veterinaria de Navarredonda de Gredos.