Los hechos ocurrieron, al menos, desde octubre de 2021 en la capital abulense, hasta el mes de junio de 2022, cuando los acusados, CHM y MAHV, se dedicaron al transporte, venta o intercambio por efectos valiosos de cocaína. 

Tras una autorización judicial, el 1 de junio de 2022 se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio de los acusados. Allí, los investigadores de la Policía Nacional encontraron en su interior 545 euros en metálico, una balanza de precisión, dos precintos metálicos de color verde y un paquete con una sustancia blanquecina troceada y en polvo con un peso neto de 12,11 gramos que, tras ser analizada, resultó ser cocaína con una riqueza del 79’77%. En este sentido, un gramo de cocaína alcanza en el mercado ilícito un precio aproximado de 60 euros. 

Pena inicial

El juicio, previsto en la mañana de ese miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila, no ha llegado a celebrarse al haberse llegado a un acuerdo entre las partes. El Ministerio Fiscal solicitaba, en un principio para cada uno de los acusados, cinco años de prisión y una multa de 1.500 euros, con responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de la multa de 90 días de privación de libertad, así como la privación del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Sin embargo, tras llegar al acuerdo entre la defensa de los acusados y el Ministerio Fiscal, se ha absuelto de toda pena a la acusada MAHV,, al considerarse que los hechos habían sido perpetrados solo por uno de los dos. Por ello, se ha condenado tan solo a CHM y rebajado su pena a dos años de cárcel y una multa de 750 euros al estimarse que estaba afectado por una toxicomanía que limitaba sus niveles de fuerza de voluntad, tal como ha informado el fiscal jefe provincial de Ávila, Francisco Javier Rojo. 

Suspensión de pena

Asimismo, la defensa ha solicitado -sin que haya habido oposición por parte del Ministerio Fiscal- la suspensión de la pena de dos años de prisión por un plazo de cuatro años, condicionada a no delinquir y a someterse a un programa de tratamiento de desintoxicación, según ha indicado el fiscal. 

Esa suspensión de pena dependerá de que la sala lo acepte de acuerdo a tres condiciones. La primera de ellas que se trate de un delincuente primario, es decir, que sea su primer delito o que si ha delinquido con anterioridad, tenga los antecedentes cancelados; lo segundo es que la pena impuesta no sea superior a dos años, y lo tercero es que no tenga responsabilidades civiles, tal como ha detallado Rojo. 

Motivos del caso

En este caso, “no hay responsabilidades civiles que satisfacer porque no hay perjudicados. Por lo que se refiere a la pena, no supera los dos años, y en cuanto a la delincuencia primaria, aunque tiene antecedentes penales, los tiene cancelados y por tanto, reúne todas las condiciones para poder concederle la suspensión de la pena”, según ha relatado el fiscal. 

Sin embargo, la concurrencia de estos tres requisitos “no quiere decir que, una vez que se produzcan, haya que conceder necesariamente la suspensión, sino que es discrecional para el tribunal que tiene que valorar si en este caso concreto y con las circunstancias que concurren, consideran que el penado merece este beneficio, o por contra, considera que no lo merece, por las razones que sean”, ha asegurado el fiscal jefe provincial. 

En todo caso, la suspensión de la pena no conlleva la desaparición de los antecedentes penales, de forma que, aunque se suspenda la pena, transcurrido el tiempo al que había sido condenado (entre dos y cinco  años), se valora nuevamente, se llevan a la causa los antecedentes penales del acusado en el momento que haya que decidir si se le quita definitivamente la pena y se estudia si ha delinquido durante el plazo de suspensión. Si no ha sido así, se le otorga la remisión, es decir, que no está suspendida, sino terminada la pena, tal como ha explicado Rojo.