“Nuestra vida es complicada; en ocasiones dura”, se aseguró en el manifiesto, “y nuestro objetivo último no es otro que lograr una vida plena y digna pese a esas dificultades. Y esa sencilla meta, a la que todo ciudadano tiene derecho, no puede ser alcanzada sin el apoyo de las administraciones públicas”.

La concentración en Ávila se realizó a la puerta de la sede de Aspace, en el antiguo Conservatorio, de forma paralela a toda España, con la asistencia del gerente de Servicios Sociales de la Junta, Ángel Muñoz, y la concejala de Accesibilidad, Noelia Cuenca.

“Una de cada quinientas personas tenemos parálisis cerebral. Eso significa -se señala en el manifiesto- que en todo el mundo hay 17 millones de personas con esta discapacidad; 120.000 de ellas en España. Y si contamos a nuestros familiares y a los profesionales que nos atienden estamos hablando de 350 millones de personas que, de una forma u otra, tienen algún tipo de relación con la parálisis cerebral”.

Estas cifras hacen de la parálisis cerebral la discapacidad motórica más común en la infancia, “discapacidad que, además de ser permanente, afecta a cada persona de formas muy distintas: una de cada cuatro personas con parálisis cerebral no puede hablar, una de cada tres no puede caminar, una de cada dos tiene discapacidad intelectual y una de cada cuatro sufre de epilepsia”.

Tras señalar que estas características hacen de la parálisis cerebral una discapacidad “muy compleja y singular, con particularidades propias de la discapacidad física, sensorial e intelectual”, se propuso “el pleno desarrollo de las personas con parálisis cerebral pasa por recibir apoyos en todas las etapas de la vida, desde la atención temprana, hasta la atención en residencias, pasando por la escuela, el apoyo a las familias, el empleo, los centros de adultos, el ocio inclusivo o el deporte adaptado”.

La intervención “ha de ser adecuada a nuestras necesidades, integral e interdisciplinar, es decir, específica”, por lo que “los criterios economicistas no deben suponer una regresión a modelos generalistas del pasado en los que el número de atendidos primaba sobre la calidad, modelos que no tienen en cuenta la atención a los que más necesidades tenemos”.

“Como ciudadanos de pleno derecho, debemos tener garantizados los apoyos necesarios para una integración social real y esta obligación debe recaer en las Administraciones Públicas en primer lugar y en la sociedad civil después y para ello es necesario el conocimiento y aceptación de las diferencias que tenemos las personas con parálisis cerebral”, terminó el manifiesto.