López se refiere a "las descalificaciones y acusaciones realizadas en los medios de comunicación acerca del proceso judicial que no ha recogido las pretensiones del Ayuntamiento ante la resolución del contrato con una orquesta para su participación en las fiestas del municipio".

"No voy a consentir", ha señalado el regidor, "que se manche mi honorabilidad con artimañas con las que el PSOE de La Horcajada solo pretende desprestigiarme, pues las decisiones que he tomado como alcalde han sido siempre pensando en el interés general de los vecinos, así que estos señores tendrán que decidir si se retractan o se reafirman en el acto judicial de conciliación".

El alcalde ha indicado que si los ediles se ratifican en sus palabras hacia el alcalde, "se iniciará un proceso penal", al considerar que "puede haber indicios de delito de injurias y calumnias con publicidad en sus manifestaciones contra" él, además de acusarle de "un presunto delito de malversación de caudales públicos que jamás se ha producido y que tendrán que demostrar ante un juez".

Además, el regidor dice acatar esta sentencia de la Audiencia Provincial contra la que no cabe recurso, aunque "con una serie de puntualizaciones que el tribunal no ha tenido en cuenta y que la opinión pública debe conocer". 

Pleito con la orquesta

Se refiere López a que la rescisión del contrato "fue comunicada por el Ayuntamiento a la empresa con un mes y medio de antelación, como estipulaba el acuerdo; la causa esgrimida para cancelarlo fue que las verbenas realizadas no habían reunido las condiciones que el Consistorio consideraba mínimas para continuar con la planificación; a la orquesta se le ofreció la posibilidad de realizar las actuaciones en otras fechas para evitarle un perjuicio; y esa empresa llevaba más de diez años siendo adjudicataria de ese contrato de una manera presuntamente irregular, pues supera los 18.000 euros y la adjudicación no se había producido de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

En este sentido, el alcalde considera que "por esa presunta adjudicación irregular se podría abrir también un proceso contencioso-administrativo y/o civil o incluso penal contra el anterior alcalde, pues constituiría una posible infracción de la Ley de Contratos y los socialistas, con el anterior alcalde a la cabeza, tendrían que explicar cómo adjudicaron ese contrato al margen de la normativa".