El Grupo de Trabajo surge de la Resolución de 29 de febrero de 1980, en la que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió establecer un Grupo de Trabajo compuesto por cinco expertos independientes, para examinar cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas.

Al respecto, se consideran desapariciones forzosas cuando quienes las cometan sean agentes gubernamentales, particulares o grupos organizados, por ejemplo, grupos paramilitares.

En la reunión se han abordado diversas cuestiones, entre ellas las relacionadas con la desaparición de bebés, la Ley de Memoria Histórica o las modificaciones legislativas en materia de desapariciones forzosas.