Un proyecto de ley para regularizar la profesión de bomberos forestales

Se trata de un anteproyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y se espera que sea tramitado en el Congreso para recibir el visto bueno, aproximadamente para el mes de julio. Así lo ha explicado Ángel Rubio, responsable estatal del Sindicato Profesional de Bomberos Forestales de UGT. Un proyecto que clama por la unificación del colectivo que, actualmente, cuenta con 19 categorías diferentes para denominar a quienes trabajan en la prevención, detección y extinción de incendios, como peones de extinción o peones forestales.

En este sentido, incide el responsable estatal del Sindicato Profesional de Bomberos Forestales, el proyecto permitirá homogeneizar las funciones, la formación y los riesgos añadidos a la actividad. Y es que, la plantilla que trabaja en los incendios, según algunos estudios, inhala hasta siete sustancias cancerígenas, por lo que demandan también coeficientes reductores como tienen otros colectivos para que los trabajadores no estén en primera línea de fuego a partir de los 59 o 60 años.

Por otra parte, Javier García, bombero de las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF), ha reivindicado la necesidad de actualizar el Plan de Incendios Forestales de Castilla y León (Infocal). En este sentido, ha lamentado que "Castila y León está anclada en el pasado” puesto que el plan Infocal está redactado en 1999. En él se asegura que en la región castellano y leonesa, los veranos son cortos y suaves. Una afirmación “que nada tiene que ver con la actualidad”, según el bombero de las BRIF.

Empresas privadas

Cada comunidad autónoma tiene capacidad para gestionar los incendios forestales, en el caso de Castilla y León, el modelo radica en la gestión público-privada. Siendo, aproximadamente, un 20% pública, por trabajadores de la Junta de Castilla y León, y el 80% perteneciente a empresas privadas. En total, este año, la gestión ha estado en manos de hasta 15 empresas privadas externas a la Junta que se han repartido el servicio, tal como ha denunciado García. “Algunas priorizan lo económico ante un buen servicio que se tiene que dar”, ha sentenciado.

A esto se suma la temporalidad, que en el mejor de los casos se extiende hasta los cinco meses. “A la Junta se le llena la boca diciendo que tenemos uno de los mejores dispositivos”, añade García, que insiste: “A nadie se le escapa que un profesional vive de su trabajo y nadie puede vivir cuatro meses al año de su trabajo”, por lo que reivindica una actualización del dispositivo Infocal.