El ministerio fiscal ha solicitado datos al Banco de España y a la propia entidad para investigar a los gestores por presuntos delitos contables, estafa y falsedad documental, entre otros, y ha pedido a la Audiencia Nacional que asuma la competencia del caso al considerar que afecta a los intereses del Estado.

Las diligencias se abren tras la denuncia presentada por Manos Limpias contra Bankia, cuyo contenido la Fiscalía considera deficiente. Así el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid remitirá a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas por la denuncia del sindicato contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y los expresidentes de Bankia Rodrigo Rato y Miguel Blesa por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la entidad.

Cuando la Audiencia Nacional asuma la investigación abierta a Bankia y designe la causa a uno de los seis juzgados centrales de instrucción, los fiscales remitirán las conclusiones iniciales extraídas de la documentación solicitada, donde determinarán si existen indicios de delitos penales, así como la petición de nuevas diligencias de investigación.

Anticorrupción anunció la semana pasada que no tenía intención de abrir una investigación de oficio para depurar las presuntas responsabilidades penales de los directivos del grupo BFA-Bankia y de los organismos supervisores por la gestión de la entidad financiera, que recibirá una inyección pública de 19.000 millones de euros para evitar su quiebra.

Poco antes de conocerse la decisión de la fiscalía, la plataforma ‘15MpaRato’ había anunciado, tras recaudar 19.000 euros en pocas horas, su querella contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el antiguo consejo de administración de la entidad por presuntos delitos societarios, falsedad documental, publicidad engañosa y administración desleal. 

A la vez, más de 500 accionistas minoritarios de Bankia se han acogido a la iniciativa de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) para presentar acciones legales civiles para reclamar el daño sufrido con la operación de salida a Bolsa de Bankia.