El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila abrió diligencias previas en 2019 por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil. En él se denunciaba una posible actuación ilícita en una serie de contratos para obras en acuartelamientos por aumentarse la facturación y, en algunos casos, sin llevarse a cabo.

Un auto de la Audiencia Provincial de Ávila, de diciembre de 2021, rechazó el archivo de las actuaciones solicitado por el entonces teniente coronel de la Comandancia de Ávila, Carlos Alonso, y acordó el envío a un juzgado madrileño.

Las diligencias se incoaron a partir de un atestado de los Servicios Internos de la Guardia Civil, en los que denunciaban la “posible actuación ilícita” por parte del entonces teniente coronel: del empresario administrador único de las empresas Angrasurcor SL y Solocorcho SL, con domicilio en Canarias, así como de un amigo de éste.

En la declaración ante el juzgado, el teniente coronel “aclaró” que era responsable de la comandancia, pero de las obras, a la vez que se acreditó el “estricto cumplimiento” de sus obligaciones y “respecto a la gestión del gasto, se ha acreditado que se limitaba a la firma de ‘los conformes’ de unas facturas emitidas, tras la gestión y supervisión debido a los responsables de la Oficina de Gestión Económica de la Comandancia de Ávila”, a los que se tomó declaración como testigos. El juez instructor tomó declaración, como investigados, junto al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, a un empresario y a un colaborador de este último.   

Empresas canarias

Según los Servicios Internos de la Guardia Civil, “entre el segundo semestre de 2016 y principios de 2017, indistintamente, las referidas empresas habrían conseguido la adjudicación de contratos para la realización de trabajos de pintura y de impermeabilización de edificios de numerosos acuartelamientos de la provincia de Ávila, pese a que lo habitual era que ese tipo de obras venían siendo realzadas por empresas locales”, a diferencia de estas, con domicilio en Canarias.

Según el auto, “los trabajos facturados se habrían abonado en su totalidad, con una asignación presupuestaria que se habría descentralizado desde la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, pese a que, tal y como se pone de manifesto por el informe de Servicios Internos, como del informe pericial realizado a petición del juzgado de Instrucción, los trabajos en muchos de los acuartelamientos no se habrían realizado en su totalidad, y en otras ni siquiera se habrían iniciado”, en un pago autorizado por el teniente coronel Gines “tras certificar que los trabajos estaban perfectamente realizados”.

En la declaración del responsable de la Comandancia de Ávila, explicó que la contratación de las empresas canarias “vino determinada por el teniente general” que estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, con sede en Madrid.

Enorme incremento de la facturación

De acuerdo a la Fiscalía, Asuntos Internos inició una nueva vía de investigación que reveló que en 13 comandancias de la Guardia Civil (Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, LA Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid), esas empresas del empresario canario y del autónomo vinculado a él “habrían llevado a cabo trabajos de pintura e impermeabilización en fechas próximas a las anteriormente indicadas, incrementando enormemente la facturación e ingresos de dichas empresas”.

Tras estudiar el asunto, el Juzgado de Ávila entendió que no era competente ya que el mayor cargo supuestamente implicado y al que señalaban las declaraciones efectuadas, un teniente general de la Guardia Civil, tenía la sede oficial en la Dirección General de Madrid. Por lo tanto, dictó un auto en el que acordó la inhibición a favor del Juzgado Decano de Madrid para el conocimiento de todas las actuaciones. 

Uno de los investigados, el teniente coronel, recurrió dicho auto primero ante el juzgado y posteriormente ante la Audiencia Provincial de Ávila, solicitando el archivo de la causa. El Juzgado rechazó sus pretensiones y el tribunal provincial también desestimó esta apelación al entender que aún quedaban muchas diligencias por practicar y porque, en definitiva, la competencia para dictar la resolución definitiva correspondería a un órgano judicial de Madrid. 

Por último, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 confirmó la inhibición, para la continuación de la investigación por parte del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, que el 2 de noviembre de 2021 acordó aceptar la inhibición al estimarse que son los madrileños los competentes para instruir el procedimiento. El 15 de noviembre se dictó una providencia en Ávila acordando remitir las actuaciones originales, y un mes después fue la Audiencia Provincial de Ávila la que envió toda la instrucción, pendiente de resolver el recurso del teniente coronel por parte de los tribunales de Madrid.