La titular de este departamento, Isabel Blanco, ha respondido en el pleno de las Cortes al procurador socialista Miguel Hernández Alcojor, quien ha planteado que más de 20 empleadas de esta empresa sufren retrasos en sus nóminas. Las trabajadoras limpian en los centros de mayores de Arévalo, Arenas de San Pedro, El Barco de Ávila y Candeleda, así como en la Unidad de Intervención Educativa de Ávila.

“Una vez que tengamos constatados esos impagos y la documentación, desde luego tomaremos todas las medidas que nos permite la Ley de Contratos del Sector Público y las que vienen establecidas en el pliego de cláusulas administrativas de este contrato”, ha señalado la consejera, que ha querido aclarar que estas trabajadoras “no tienen vinculación laboral” con la Gerencia de Servicios Sociales “sino con una empresa que las contrata atendiendo a un procedimiento público”.

“Aun así no nos desentendemos de este servicio por la atención que prestan, por la calidad y por los derechos de los trabajadores”, ha explicado.

Blanco ha indicado que conocieron los problemas el 30 de enero por el escrito de una organización sindical, y que ahora se encuentran a la espera de que les aportan “toda la documentación que permita iniciar todos los procedimientos contemplados en la Ley de Contratos del Sector Público”.

Cumplir derechos

A la empresa lea han solicitado que “justifique si está cumpliendo con todos los derechos de los trabajadores” para, “a partir de ahí, aplicar lo que marca la legislación en esta materia”.

Las posibles sanciones van desde imponer penalizaciones hasta la resolución del contrato, ha apuntado a la consejera.

Por su parte, el procurador socialista ha recordado que Royal Cleam recibió la adjudicación, por dos años, en agosto de 2021, con una importante bajada, al presentar la oferta más ventajosa, por 223.000 euros sobre el precio de licitación, de 267.000.

En verano de 2022 comenzaron los retrasos en el pago de las nóminas, y la semana pasada les adeudaban las de diciembre, la paga extra de Navidad y enero. Tras hacerse pública la situación se les abonó la de diciembre.

El impago, según el procurador, afecta a más de 20 mujeres, de las que “la mayoría solo cuentan con estos ingresos”, y que “siguen asistiendo a su puesto de trabajo por compromiso”. El procurador ha instado a la Junta a aplicar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Función Pública para resolver el problema.