Además, estos vecinos advierten de los posibles efectos adversos en la economía local y en la naturaleza, ya que se situaría en zona ZEPA y cañada real. "Un auténtico disparate en cuanto a contaminación visual y medioambiental, así como un atentado contra la prosperidad socioeconómica” de la zona, según señalan en un comunicado.

“Solicitamos que se pare la ejecución para la autorización de dicha instalación, debido a que esta se encuentra en núcleo urbano y perjudica seriamente a la población y a todas las viviendas colindantes”, apuntan los vecinos contrarios a un proyecto con el que la zona “va a sufrir un desastre medioambiental sin precedentes y un impacto socioeconómico desfavorable”.

Este grupo de vecinos de Higuera de las Dueñas se pronuncia de esta manera “ante la realización de la red de distribución y la solicitud de maniobra, seccionamiento y línea subterránea de media tensión que ha dado la Junta de Castilla y León para la instalación de una planta de placas fotovoltaicas en el término municipal”. Alude concretamente a las parcelas 44 y 2 del polígono 15.

Ante esta situación, pretenden “alzar la voz”, al considerar que “no es legal y perjudicaría gravemente a este territorio”. Además, dudan “seriamente” de que el terreno donde quieren situarse las placas ·esté calificado como industrial·. “Si no es así, queremos saber si tienen intención de recalificarlo”, han añadido.

Solicitud de información 
Por ello, han solicitado al Ayuntamiento “toda la documentación relativa a permisos, autorizaciones ambientales, administrativas o de cualquier índole para poder realizar una planta fotovoltaica y que aporten el estudio de viabilidad e informes preceptivos favorables, en el cual indiquen que se puede montar un huerto solar frente a un terreno calificado como urbano y dentro del núcleo principal del pueblo”.
 

Según señalan, los vecinos reunidos “contra esta acción” consideran, además, que se produce “un impacto medioambiental sin precedentes en la zona”, teniendo en cuenta que “se ponen en peligro animales y especies protegidas y en peligro de extinción, sobre todo las aves migratorias que allí anidan y crían”.

Asimismo, subrayan el “impacto socioeconómico” que va a generar a todos los habitantes de este municipio “si sigue adelante este proyecto”, ya que “afectará negativamente a todas las viviendas y fincas existentes, devaluando de forma considerable los hogares, tanto de manera visual como económica”.

A todo ello se suma la afectación que a su juicio sufrirán la hostelería y el turismo rural “de manera directa”, lo que “repercutirá negativamente en la creación de puestos de trabajo y al crecimiento de la población, ya que el pueblo vive principalmente de la ganadería extensiva”. 

“Desconocemos también el alcance que va a tener esto para la población en cuanto a la salud de los habitantes, por la exposición continuada de campos electromagnéticos y la contaminación acústica que se pueda producir debido a la cercanía con las viviendas”, han argumentado, antes de hablar de los efectos que tendrá en el desarrollo de la vivienda, ya que “se devaluará el terreno urbano y producirá el rechazo de inversores".