Y es que fue en 2012 cuando se constató un “incremento grandísimo de la morosidad”, según ha manifestado el presidente del Consejo Nacional de Administradores de Fincas, Salvador Díez Lloris. El hecho de que no haya aumentado este año debe ser visto como “buena noticia” porque “la situación empieza a atemperarse”.

Lo ha dicho en las IV Jornadas de Trabajo del Consejo de Colegios Profesionales de Administradores de Fincas de Castilla y León, que se celebran en Ávila entre viernes y sábado con 200 participantes.

Bancos morosos
También se ha referido a los bancos como morosos en las comunidades: la situación es “complicada”, pero la nueva Ley de Propiedad Horizontal, aprobada por el Gobierno en junio, “beneficiará” a los propietarios, ya que al comprar una vivienda por vía judicial aumentará de uno a tres años la obligatoriedad de hacer frente a los pagos pendientes.

Ha vaticinado que a medida que las deudas se vayan cobrando, las comunidades lograrán unos fondos “cuantiosos”, en vez de perder las cantidades adeudadas.

Más administradores
En el caso de los administradores de fincas, la crisis ha motivado que aumente el número, lo que ha achacado que es “un sector relativamente estable” porque “los edificios siguen funcionando”.

También a que economistas, agentes inmobiliarios o abogados han enfocado su trabajo a este sector. Los colegiados han pasado en Castilla y León y son cerca de 600, frente al medio millar de antes de la crisis.

Ley de Colegios
Por otra parte, el presidente del Consejo Nacional de Administradores de Fincas  ha cuestionado la reforma de la Ley de Colegios Profesionales porque “su formación es suficiente para mantener el actual estatus de la profesión”, subrayando la formación técnica, profesional y específica que realizan de forma continuada estos profesionales.

Otro asunto que abordan en este encuentro es la nueva Ley de Propiedad Horizontal, con la que el Gobierno busca fomentar la rehabilitación al estar paralizado el mercado de nueva construcción.

Según Díez Lloris, esta normativa tiene su importancia, porque a los profesionales les preocupa la morosidad de particulares y  entidades bancarias, en cuyas manos se encuentra ahora un importante número de inmuebles.

Ha destacado una de las iniciativas que incorpora esta ley, al aumentar de uno a tres años la afección real o garantía vinculada a las viviendas, lo que dará “un poco de oxígeno” a las comunidades de propietarios.