“Se trata de una decisión coherente con nuestra misión de auxilio técnico y económico a los municipios del medio rural abulense”, según el presidente, Carlos García, que, como apunta el Real Decreto 3/2023 que el Boletín Oficial del Estado publicó el 11 de enero -en el que se traspone en el ordenamiento jurídico nacional esta norma comunitaria-, contribuye a “concienciar en mayor medida a los consumidores sobre las implicaciones del consumo de agua de grifo, un mejor conocimiento de la información pertinente y una mayor transparencia”, así como aumenta “la confianza de los vecinos en el agua que se les suministra y en los servicios relacionados con el agua, y conducirá a un incremento del uso del agua del grifo”.

El texto legislativo precisa también que todas las administraciones y operadores deben asegurar una transparencia de la información relacionada con el agua de consumo de una forma accesible, como la calidad del agua de consumo, agua facturada o el precio por litro.

“Es una labor de cierta complejidad y queremos estar al lado de los ayuntamientos abulenses que van a necesitar a la Diputación para cumplir con esta norma que, sin duda, redundará en la mejora del servicio de suministro de agua potable en sus domicilios y empresas”, subraya García, que recuerda “las iniciativas y acciones que estamos llevando a cabo en relación al ciclo del agua en este mandato, en colaboración con otras administraciones como la Junta de Castilla y León”, y destaca “la construcción de estaciones depuradoras en municipios de 500 a 2.000 habitantes equivalentes”.