Tanto Miguel Hernández, como Soraya Blázquez, han reprochado al Gobierno autonómico que "no haga los deberes", lo que a su juicio deriva en "pérdidas económicas" y en "carencias de medios personales y materiales para hacer frente a los fuegos”.

Tras insistir en que los incendios "se apagan en invierno", ambos procuradores señalan que esa afirmación "cobra mayor relevancia si cabe", tras el incendio que ha tenido lugar en Guisando "en pleno mes de enero y con una ola de frío”.

“Ello, pone de manifiesto la importancia de contar con un plan de emergencia actualizado y con un operativo de incendios dotado de recursos materiales y personales, activo durante todo el año, para hacer frente a situaciones como esta y prevenir catástrofes como las que hemos vivido los pasados veranos en distintos puntos de Ávila”, argumentan.

 
En este contexto, critican la "dejadez" de la Junta de Castilla y León, que su juicio muestra “una actitud negligente al no asumir sus responsabilidades ni cumplir con el Real Decreto Ley del 1 de agosto, por el que las comunidades autónomas contaban con un plazo de cinco meses, es decir, hasta el 1 de enero de 2023, para actualizar y adaptar sus operativos para que estén activos durante todo el año”.

Por este motivo, los dos procuradores creen que "no solo el protocolo está desfasado y es inapropiado", sino que la Junta de Castilla y León "no puede optar a la financiación del 50% de los costes de restauración y de reactivación socioeconómica de las zonas afectadas por los incendios, que ofrece el Gobierno de España".

Desde su punto de vista, se trata de "un ejemplo más de que la dejadez del ejecutivo del presidente Mañueco tiene una afectación directa en la provincia de Ávila y, lamentablemente, no precisamente para bien”.