“Si no se echa para atrás, seguiremos todos los pasos posibles para anularla”, ha dicho el diputado provincial Santiago Jiménez, quien asegura que se encuentran “seguros de que no se puede aplicar”, como ya advirtieron en septiembre de 2011, ya que la tasa la deben abonar los ayuntamientos y no los ciudadanos, como ahora se pretende para los vecinos de la capital abulense.

Y es que “la obligación de los ciudadanos es entregar a los ayuntamientos los residuos urbanos, pero desde el momento en que un vecino los deposita en el contenedor es el consistorio el responsable de su gestión”, por lo que sólo puede haber una tasa  que incluye todo el proceso.

“Hace un mes hacíamos un llamamiento a los ciudadanos y las distintas organizaciones económicas y profesionales para que se unieran a la petición de anular esta ordenanza”, ha indicado, a la vez que destaca que “los ciudadanos tienen hasta el 19 de junio plazo de para presentar alegaciones”.

Por eso insisten ahora en que Cámara de Comercio, Confae o Colegio de Abogados “tomen cartas en el asunto, pues las administraciones son las primeras que deben velar por la legalidad”, y a juicio de la formación este aspecto no se está produciendo en este caso.

El Ayuntamiento acordó otorgar al consorcio potestad para que actúe en “la aprobación y gestión del cobro” de la citada tasa.