Día Domingo, 18 de Enero de 2026
Edificio de los juzgados de Ávila.El sector de Justicia de CSIF ha denunciado las “lamentables” condiciones de trabajo de los médicos forenses, destacando el hecho de que la provincia de Ávila solo se cuente con cuatro profesionales para 158.000 personas.
El responsable del sector de Justicia de sindicato en Ávila, Pedro Hermosa, ha lamentado la “escasez” de estos profesionales y sus “lamentables condiciones de trabajo”, especialmente en provincias como Ávila, Soria, Palencia, Ponferrada, Segovia y Soria, donde estos profesionales “soportan serios agravios comparativos, tanto económicos, como laborales respecto a sus compañeros, incluso dentro de la misma Comunidad”.
Según Hermosa, esta situación ha sido comunicada al Ministerio de Justicia “de forma reiterada” desde hace tres años, al tiempo que se ha solicitado la “adaptación al sistema de guardias con varias propuestas por parte de los perjudicados”.
En este sentido, lamenta que el Ministerio de Justicia “no solo no ofrezca soluciones" sino que “ni siquiera ha respondido a estas pretensiones, aun siendo conocedor de la ‘fuga’ de profesionales altamente cualificados, como ya viene ocurriendo en otros sectores de la medicina”.
CSIF denuncia que la provincia de Ávila “únicamente” cuente con cuatro médicos forenses para más de 158.000 habitantes, una cantidad “muy deficiente para cubrir tanta demanda con garantías”.
“Parece que al Ministerio de Justicia no le preocupe que peligre la prestación de este servicio público por falta de profesionales y por las condiciones a las que les someten, con una completa desatención a los mismos”, según el responsable del sector de Justicia de CSIF.
Tras relatar su disposición las 24 horas del día y los “múltiples asuntos urgentes y de vital importancia” que deben atender para el “correcto funcionamiento de la Administración de Justicia”, Pedro Hermosa ha anunciado que “ante la falta de respuesta” por parte del Ministerio de Justicia, que a su juicio muestra una “insultante desatención hacia los perjudicados”, este colectivo “se verá obligado a tomar todas las medidas necesarias para reivindicar todos los derechos que los responsables ministeriales les niegan”.





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