Los hechos se produjeron en septiembre de 2019, cuando los dos acusados despidieron al querellante por “el beneficio de todos”, según señalaba uno de los procesados durante su intervención. Y es que, el despedido era la pareja de su hija, quien decidió separarse de él tras problemas en el matrimonio, por lo que este tuvo que abandonar la casa en la que vivían, que correspondía a la familia y, por lo tanto, “no podía trasladarse al lugar de trabajo” porque “no tenía carné de conducir”.

Al parecer las dos partes llegaron al acuerdo del despido porque “era la mejor opción para todos, así podía cobrar el paro”, tal y como explicaba uno de los acusados, quien aseguraba que lo único que le importaba era “buscar la mejor solución para el querellante y sus nietos”.

Sin embargo, la separación del denunciante con la hija de los acusados fue “muy dura” porque, tal y como señalaba el procesado, el querellante tenía otras vistas por malos tratos a su mujer o por no abonar la manutención a sus hijos. Además, les aseguró que les iba “a hacer la vida imposible”. Por esta razón, los dos procesados creen que están “pagando las consecuencias de la ruptura” de su hija.

Los procesados afirman que el querellante acudió a recoger su finiquito, que con anterioridad había solicitado que fuera en efectivo por “problemas económicos”, y este firmó rápidamente y se marchó. “No teníamos ningún problema en hacerle una transferencia bancaria. De hecho, hubiera sido mejor, nos hubiéramos ahorrado todo esto”, señalaban.

Además, ambos acusados aseguraban que disponían del dinero porque en los meses de verano la caja es diferente que en invierno y que podían darle los 7.500 euros que le debían al estar trabajando en la empresa unos siete años, al contado: “preparamos el dinero y se lo dimos. Después no hemos tenido ninguna relación con él y no sabemos si nos ha denunciado por falta de dinero o por venganza”, señalaba la acusada.

Ausencia del querellante

Tras las intervenciones de los acusados, llegaba el turno para escuchar al denunciante, pero para sorpresa de los letrados este no ha acudido a la cita. Por esta razón, se solicitaba la suspensión del juicio, sin embargo, el tribunal decidió continuar con su celebración al “estar debidamente citado” y aunque “ni siquiera se puso en contacto con la Audiencia Provincial para dar una explicación por su ausencia”. De esta manera, se hizo caso a la solicitud de la defensa, ya que pedía la celebración del mismo al ser un hecho recurrente en el querellante: “tiene abiertos distintos procedimientos judiciales y está debidamente citado y no acude”, señalaba el letrado.

Pruebas de caligrafía 

El juicio continuó con las declaraciones de dos peritos grafólogos, uno oficial y otro presentado por la defensa. Las conclusiones del informe elaborado por ambos eran totalmente diferentes, es decir, mientras el perito oficial aseguraba que la firma podría ser de un tercero al “no coincidir ningún gesto”, el otro confesaba que era “una modificación deliberada del propio titular”, ya fuera por un estado de nerviosismo o por escribir de pie y rápidamente.

Tras escuchar a los peritos, el ministerio fiscal ha retirado la acusación al “tener serias dudas" de la existencia de ambos delitos, al no tener “una prueba pericial clara” ni la testifical del querellante, que no había acudido.

Por su parte, la acusación particular ha mantenido la petición de 18 meses de prisión a cada uno de los acusados por un delito de falsedad documental y de estafa procesal en grado de tentativa, así como una indemnización de 7.570,13 euros y en concepto de daños morales otros 3.000 euros.