En Ávila, están llamados a la huelga 11 letrados de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en la ciudad, y cuatro en los órganos judiciales de la provincia.

En una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han advertido de la “gravedad y extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales”, debido al conflicto laboral con el Ministerio de Justicia.

El problema tiene su origen en la “falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, incrementadas en sucesivas reformas, muy intensamente en 2015, provocando un insoportable desequilibrio en las prestaciones, todo ello en un contexto de falta de audiencia y participación de las asociaciones profesionales en la determinación de las condiciones laborales y materias afectantes al estatuto orgánico, excluidas de las mesas de negociación colectiva, donde solo participan los sindicatos de los cuerpos generales, cuyos intereses son contrapuestos”. 

Además de que el Ministerio de Justicia “ni atiende, ni cuida, ni respalda, ni protege de agresiones antisindicales” a los letrados.

Los letrados ya han llevado jornadas de huelga los días 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre, pero sin éxito, puesto que el Ministerio de Justicia alarga y recrudece el conflicto, “pues no solo no ha convocado al Comité de Huelga, incumpliendo la obligación prevista en la ley reguladora del derecho de huelga, sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar sin acreditarlo haber cumplido diez de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes dos, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad”.

Los convocantes de la huelga apelan al Gobierno para que “se adopten las medidas necesarias para que se reconduzca el conflicto, para que prevalezca la Justicia, valor superior del ordenamiento jurídico y su funcionamiento, el pilar fundamental del estado social y democrático de derecho que es España, evitando a la ciudadanía los perjuicios de la huelga”.