La organización agraria ha reclamado a la Junta de Extremadura un “trato igualitario y no discriminatorio” para las explotaciones ganaderas familiares de ganado vacuno de la provincia de Ávila que realizan la trashumancia a tierras extremeñas durante estos días.

Los problemas han surgido cuando las autoridades veterinarias competentes en materia de sanidad animal extremeña han modificado el criterio utilizado hasta ahora, y han comenzado a denegar el movimiento de animales hacia aquella comunidad. 

Asaja destaca que las explotaciones de ganado vacuno abulenses cuentan con “una calificación sanitaria buena, como históricas y oficialmente indemnes a la tuberculosis bovina (T3H)”, que siempre habían realizado las pruebas diagnósticas frente a la enfermedad en los seis meses previos al movimiento hacia la comunidad vecina.

Negativa con dos titulares

Sin embargo, este año solo lo están autorizando cuando la explotación se encuentra a nombre de un único titular, denegándose en el caso de todas aquellas explotaciones,-principalmente familiares, en las que las vacas de dos o más titulares están juntas, “y por tanto relacionadas, caso común entre cónyuges o padres e hijos, exigiéndose realizar un saneamiento previo para poder realizar el movimiento de los animales”.

Asaja entiende que “no hay motivo sanitario alguno que justifique estas denegaciones”, ya que aquellas explotaciones donde las reses de un padre y un hijo o de ambos cónyuges se encuentran juntas constituyen una única unidad a efectos epidemiológicos, como ya las considera y cataloga la Junta de Castilla y León al tenerlas relacionadas. Por tanto, se trata de un “trato discriminatorio respecto de aquellas explotaciones a nombre de un único titular”, lo que va “en contra del espíritu del articulado del Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina publicado por el Ministerio de Agricultura y aprobado por la Comisión Europea”.

La organización agraria insta a la Junta de Extremadura que se trate como una “unidad epidemiológica” que son a efectos sanitarios este tipo de explotaciones y se autoricen los movimientos, y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su intercesión para la resolución positiva de este conflicto entre las dos comunidades autónomas. 

Y es que los ganaderos de Ávila tienen arrendadas ya las fincas de pastos en Extremadura, y el criterio aplicado es “una traba más para el mantenimiento de la ancestral práctica de la trashumancia, además del perjuicio económico que este tipo de decisiones causan a los ganaderos”.