Lamentan la "imposición" de la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO), que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, por parte del Ministerio de Justicia.

Según señala CSIF, la entrada en vigor de dicha ley "implicará modificaciones de las condiciones laborales, sin negociar con los representantes de los trabajadores".

La concentración, la primera de un calendario que continuará "hasta que el ministerio "se siente a negociar y se comprometa a solucionar los problemas históricos que arrastra la Justicia española", ha sido convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en la administración de Justicia. La próxima concentración será el viernes (10,30 horas).

CSIF ha denunciado que, tras el acuerdo salarial firmado con CCOO y UGT, que agrava la pérdida de poder
adquisitiva arrastrada desde 2010, el Ministerio de Justicia pretende poner en marcha la LEO (creación de los tribunales de instancia, la oficina judicial y las nuevas oficinas de justicia en los municipios) "sin tener en cuenta la posición de los trabajadores y, por tanto, vulnerando la negociación colectiva".

Esta norma, actualmente en trámite parlamentario y que se aprobará en los próximos meses, supone que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de las plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, la provisión y las opciones de elegir diferentes destinos "vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas".

Déficit de plazas

La prioridad para esta central sindical CSIF, sería "dotarla de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano”. “Hay un déficit de 22.000 plazas, desde jueces a personal de auxilio judicial; hay equipos informáticos que no funcionan y desfasados, juzgados que se caen a pedazos y una plantilla totalmente sobrepasada que defiende sus condiciones laborales porque hay riesgo real de que empeoren”, señala CSIF, que  lamenta el hecho de que sean los ciudadanos, “una vez más, quienes pagan las consecuencias soportando una justicia lenta y excesivamente burocrática”.

Esta organización ha calificado de “inaceptable” que los funcionarios/as de Justicia “tengan que ser los paganos del nuevo modelo organizativo que pretende imponer el Gobierno”, al tiempo que ha recordado que los trabajadores y trabajadoras de la administración de Justicia “son quienes velan por un servicio esencial para el ciudadano”.