La decisión se ha adoptado por “unanimidad”, porque afecta de forma “indirecta” a elementos patrimoniales, según ha explicado el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández.

El proyecto minero, que quería extraer feldespato cerámico, “afecta tanto desde un punto de vista visual como también desde un punto de vista espacial” en lo “referido a la restitución de los terrenos en los que iría el proyecto”, ante la existencia en Bonilla de tres edificios considerados bienes de interés cultural (BIC), como son el castillo, la iglesia-colegiara y el conjunto histórico de la localidad.

La Comisión Territorial de Patrimonio se ha pronunciado en el mismo sentido que había dictaminado la ponencia técnica.

Contra esta decisión, la empresa promotora puede presentar recurso de alzada y recurso en vía contencioso-administrativa.

Recursos al permiso de investigación
Después de esta decisión, en la actualidad hay concedido un permiso de investigación, el denominado ‘Polonia 1152’, que tiene autorización para efectuar catas superficiales en los términos municipales de Santa María del Berrocal, con sus anejos de Valdemolinos y Navahermosa del Corneja; Collado del Mirón; Becedillas con su anejo de Casilla de Chicapierna; Malpartida de Cormeja;  y El Mirón, con su anejo de Aldealabad del Mirón.

La autorización fue concedida en octubre a la empresa Cerro El Rocil, perteneciente al grupo Cosentino, tras desestimar más de 3.000 alegaciones de un proyecto de 71 cuadrículas mineras de superficie solicitado en octubre de 2021.

Sobre este permiso se encuentra interpuesto un recurso de alzada, ante el que debe pronunciarse la Dirección General de Minas cuando se emitan informes desde distintos departamentos, referidos a carreteras, medio ambiente, afección a la cuenca hidrográfica y al abastecimiento de agua.

El plazo para presentar recursos no ha concluido aún, si bien el delegado ha dicho que lo habitual es que “todos tengan la misma redacción y con las mismas alegaciones, ya que solo cambia el encabezamiento y la firma”. 

El volumen de recursos no tiene que ver, ha afirmado, puesto que “no quiere decir que por tener un mayor número de recursos estemos ante una alegación más consistente desde el punto de vista jurídico, porque al final estamos hablando de un procedimiento administrativo de informes sectoriales y, lo que puedo garantizar es que los vamos a tramitar con absoluta imparcialidad y rigor, defendiendo el interés general y aplicando la normativa, que es la Ley de Minas y, en su caso la Ley de Patrimonio y las medioambientales".