En la moción presentada por PP, Por Ávila, Ciudadanos y los siete diputados provinciales no adscritos, se solicitaba al Ejecutivo igualmente la suspensión del incremento de la tasa por tonelada no reciclable que llegue a los basureros y la ampliación del plazo de elaboración del censo de instalaciones y emplazamiento con amianto.

La iniciativa hacía referencia a la Ley de Residuos y suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada por el Parlamento en abril, a instancias del Ejecutivo central, estableciendo así sanciones por falta de reciclaje, implantando gravámenes tributarios a las toneladas de residuos que lleguen a los vertederos, con el objetivo de "estimular el reciclaje entre la ciudadanía y disminuir las cantidades de residuos que entran en los basureros".

Asimismo, "con carácter general" esta norma no permite la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola.

Los portavoces de los tres grupos impulsores de la moción, junto a los diputados provinciales no adscritos, piden "suspender el incremento de la tasa por tonelada no reciclable que llegue a los basureros", cuyo importe es de 30 euros.

La solicitud se produce, "en tanto no mejore la coyuntura económica que afecta a la inmensa mayoría de la población abulense y española", según los grupos, excepto el PSOE, que ponen como ejemplo el hecho de que la Junta haya suprimido los 7 euros que le correspondían aplicar en este concepto.

Además, la moción plantea que el Gobierno permita la quema de residuos vegetales generada en el entorno agrario y silvícola, así como "ampliar el plazo de elaboración del censo de instalaciones y emplazamiento con amianto de 1 años, como pide esta ley, a 3 años".

Compromiso con el reciclaje

Frente a las peticiones, la Diputación muestra su "compromiso insoslayable para seguir fomentando el reciclaje con la dotación de más contenedores todavía en todos los núcleos de población y extendiendo las recomendaciones para una correcta práctica entre los vecinos de la provincia".

Por su parte, el presidente de la institución provincial, el popular Carlos García, ha destacado el hecho de que la Diputación haya sido "capaz" en los últimos años de "triplicar" el número de contenedores en el territorio provincial, así como de sellar el "985 de las escombreras".

Igualmente, ha apuntado que el coste de los servicios "repercute de forma directa en los usuarios", de ahí la moción que ha salido adelante por 23 votos a favor y los dos del PSOE en contra. García ha criticado que el PSOE aplique la ley europea de forma "tergiversada" en España.

Sin el medio agrícola

En su intervención, el portavoz del PP, Juan Carlos Sánchez Mesón, ha lamentado los “daños” de esta ley desde el punto de vista “económico y ambiental”, al tiempo que ha reprochado al Gobierno que el texto se haya elaborado “sin contar con el medio agrícola”.

Sánchez Mesón, junto al resto de los portavoces, ha puesto de relieve la “dificultad para elaborar” el censo de instalaciones de amianto en los municipios en el plazo de un año, de ahí su propuesta de ampliación a tres.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Pedro Cabrero, ha indicado que las medidas que incluye esta ley “no responden a la realidad de la economía”, mientras que el portavoz de Por Ávila, Carlos Jiménez, ha destacado el “compromiso de la Diputación con la ecología y la sostenibilidad”, antes de señalar que esta norma “castiga a los municipios que lo están haciendo bien desde hace tiempo”.

El exdiputado de Por Ávila, Alberto Encinar, ha pedido “revisar” una normativa que a su juicio “atenta contra los derechos de consistorios y vecinos”, y el exportavoz del PSOE, Pedro Muñoz, ha afirmado que la nueva norma “atenta contra el medio rural”, de ahí que la haya tachado de “desafortunada”. Asimismo, ha indicado que el contribuyente “no debe pagar los platos rotos”.

Desde el PSOE, su portavoz, María de los Ángeles García Salcedo, ha defendido la necesidad de “cumplir la Ley”, a la vez que ha precisado que esta norma es producto de la normativa europea, que resulta “obligatoria para los estados”. En este contexto, ha pedido a la institución provincial que “asuma los costes como proveedora de servicios”, de manera que “no se derive en los usuarios” lo que supone su aplicación.

Sedición

Asimismo, el pleno de la Diputación ha aprobado, con los dos votos en contra del grupo socialista, una moción que solicita al Gobierno la no revisión del delito de sedición, tal y como los populares están realizando en todas las instituciones del Estado.

Pese a respaldar la iniciativa, Alberto Encinar y Pedro Muñoz señalaron que no se trata de un asunto “especialmente relevante para las competencias de la Diputación” y que “no es una competencia” de la institución provincial, respectivamente.