“Quieren acabar con los centros especiales de empleo” sin tener en cuenta el empleo que facilitan, ya que se prevé “terminar con la bonificación del 100% de la Seguridad Social”, ha afirmado la diputada Alicia García, portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y vicesecretaria de Política Social del PP de Ávila.

Eliminar las bonificaciones afectaría a 2.300 centros de empleo y 100.000 personas en España, que en Ávila son 21 y casi 200 personas, y que ayudan a que “tengan un proyecto de vida y sean autónomos económicamente”. Por eso piden que no siga adelante el proyecto: “es un Gobierno que solo acierta cuando rectifica o cuando copia las ideas de PP”.

El PP ha pedido la comparecencia urgente de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y han registrado una proposición no de ley para exigir una rectificación al Gobierno, puesto que “además de ser una ley que discrimina a las personas con discapacidad, supone un retroceso de sus derechos”.

Por otra parte, García ha criticado que el Gobierno haya “vetado” la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que los populares presentaron para que el Centro Europeo de Accesibilidad Universal tuviera su sede en Ávila. Esto significa que “no habrá posibilidad ni siquiera de que otros grupos políticos puedan votarla”, y supone que “un agravio para las personas con discapacidad, para el CERMI y para Ávila”.

Por otra parte, la senadora Patricia Rodríguez, ha afirmado que los centros especiales de empleo “no tienen viabilidad” si no cuentan con el apoyo al empleo, por eso retirar las bonificaciones son “un atentado brutal contra el empleo de las personas con discapacidad”.