Con tan solo la luz de las velas iluminando algunos de los escaparates de los comercios o las cartas de menú de los restaurantes, la Federación Abulense de Hostelería y la Federación Abulense de Empresarios de Comercio, ambas integradas en CEOE Ávila, se han manifestado con un apagón simbólico con el fin de “dar visibilidad a la gravedad de las consecuencias que, en términos de actividad y en empleo, se derivan de estos enormes incrementos de precios de los suministros energéticos”.

Sus facturas energéticas se han visto en muchos casos “triplicadas”. Un hecho, que según han manifestado los presidentes de ambas federaciones, Fernando Alfayate y Andrés Sánchez, podrá suponer “un daño increíble” llegando a ocasionar el cierre de algunos establecimientos y el “despido de sus trabajadores” al no poder hacer frente estos elevados costes.

Una representación de los comerciantes y hosteleros abulenses ha querido acercarse a la plaza del Mercado Chico para leer un manifiesto en el que exponían su complicada situación. Tanto el comercio como la hostelería son “motores económicos del país” ya que “dan empleo directo a 3,5 millones de trabajadores (1,7 en hostelería, 1,8 en comercio) y suman en conjunto el 18,1% del empleo total en España”.

“Son actividades económicas que se caracterizan por su heterogeneidad, con diferencias en los bienes y servicios que se producen y prestan, diversidad de actividades profesionales en una misma explotación económica; coexistencia de diferentes modelos de negocio”, señalaban.

"No ha sido suficiente"

Desde las empresas de estos sectores se “han realizado acciones de mejora y eficacia en el consumo”, pero aseguran que “no ha sido suficiente” y que “no han dispuesto de ayudas ni apoyos para la reconversión de sus instalaciones y equipos”.

Durante este apagón simbólico, ambas federaciones han pedido revisar y modificar el sistema de cálculo de tarifas; disponer de un estatuto similar al de consumidor electro intensivo; aprobar bonos eléctricos; la eliminación de peajes y búsqueda de fórmulas de contratación adaptadas a la realidad del sector; rebajar los impuestos eléctricos y costes regulatorios y un otorgamiento de avales públicos para poder acceder a compras de suministros renovables a largo plazo.