Con una concesión administrativa

Piden que la recogida de cadáveres de animales sea servicio público

Redacción Lunes, 09 de Septiembre de 2013 Tiempo de lectura:

Asaja ha solicitado a la Junta que cambie la normativa del servicio de recogida y destrucción de cadáveres de animales domésticos sea un servicio público y sea regulado por una concesión administrativa adjudicada a la empresa con mayores precios y servicios.

De este modo, creen que se evitaría la situación actual, en la que “las empresas autorizadas para dar este servicio en régimen de oligopolio”, ya que tienen repartido el territorio de Castilla y León, “no hay libre competencia en el mercado” y “fijan precios por el servicio que son muy altos, lo que perjudica al ganadero”.

La organización agraria destaca que también Junta y Ministerio de Agricultura resultan perjudicadas, ya que “al subvencionar el seguro que suscriben los ganaderos para recibir el servicio, el importe de la subvención es mayor cuanto más alta son las tarifas que cobran las empresas”. Y con la entrada en vigor del Plan de Seguros de 2013 se ha encarecido el seguro de recogida de cadáveres de diferentes especies, en particular el porcino y el aviar, ya que ha variado el importe de la subvención.

Segovia
Según ASAJA, ante los altos costes que suponen para los ganaderos de estas especies, la mayoría de las gestoras que operan en diferentes territorios han reducido sus tarifas, si bien en Castilla y León únicamente lo han hecho en Segovia, lo que “podría ir contra las reglas de la libre competencia, porque todo parece indicar que forma parte de un acuerdo entre ellas”.

Los ganaderos de porcino de las otras ocho provincias de Castilla y León pagan por la recogida de cadáveres casi el 22 por ciento más que los ganaderos segovianos, con lo que Junta y Ministerio se ven obligados a aportar un 22 por ciento más de subvención.

La recogida y destrucción de cadáveres de porcino se cobra en Segovia a 22 céntimos de euro el kilo, mientras que en el resto de provincias el precio es de 28 céntimos, “una desventaja competitiva por los mayores costes, y un mayor gasto de las administraciones en beneficio de empresas privadas".

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