El portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial, Juan Carlos Sánchez Mesón, ha sido el encargado de desgranar la moción conjunta de su formación con la que quieren “instar a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y que se legisle para evitar de manera eficaz la ilegalidad de la ocupación de la vivienda”. Además, de apoyar jurídicamente a las comunidades de propietarios a las que afecta este hecho de manera “alarmante” al “alterar la convivencia pacífica entre los vecinos”. En palabras de Sánchez Mesón, la ocupación supone “una inseguridad con determinadas prácticas, que en la mayoría d ellos casos, son tóxicas, insalubres e ilegales”.

“A un ocupa no se le desahucia, se le desaloja”, apunta el portavoz del Partido Popular. Para ello, proponen la modificación desde “el ámbito civil, administrativo y penal”.

Modificaciones

Concretamente, el Partido Popular plantea que se modifiquen los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias, y recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años.

Por otro lado, quieren incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias de un inmueble y se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento, de manera que se proceda al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en un máximo de 24 horas por parte de la Policía.

Además, el Partido Popular pide modificar la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Y modificar legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas.

En Ávila está “lacra a nivel nacional” es “una evidencia”, según Sánchez Mesón. De hecho, el portavoz del Partido Popular afirma que estás ocupaciones se dan “cada vez con más frecuencia” y no solamente en las ciudades, también “en el mundo rural, sobre todo, en aquellas determinadas poblaciones que no precisan de policías locales”.

Moción Ayuntamiento

En la moción presentada solo para el Ayuntamiento de Ávila, el grupo municipal del Partido Popular instalará a los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales a apoyar las propuestas que se registren para enmendar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2023 para favorecer los intereses de Ávila (capital y provincia) en cualquier aspecto, ya sea “económico, industrial, social, cultural, deportivo, patrimonial o urbanístico”.

“Debe quedar plasmada la unidad de apoyo institucional en el Ayuntamiento, además del apoyo fehaciente al trabajo de los parlamentarios abulenses para enmendar los Presupuestos Generales del Estado, será la expresión más contundente de la unión que reclamamos y un paso importante para que el Gobierno escuche las reivindicaciones de esta tierra", apunta.

Esta moción compromete “más que a ningún otro grupo municipal” al PSOE, cuyos representantes tendrán la oportunidad de “dar lustre a la unión de los abulenses” que proponen. “Tendrán que elegir si quieren más a Ferraz o a la A-40; si prefieren la conexión a la A-6 o dejar a la mitad el delito de sedición; si es mejor el nuevo cupo vasco o apostar por el equilibrio industrial con mejoras en los polígonos; si les gusta más una conexión ferroviaria del siglo XXI o seguir regando de dinero las comunidades en las que gobierna el Partido Socialista”, señala.

Además, Sánchez- Reyes considera que “las reivindicaciones y los anhelos de una tierra no tienen color” por lo que espera que el partido de Por Ávila sea “capaz de apoyar las enmiendas que van a partir del Partido Popular” para el beneficio de la ciudad.

La provincia de Ávila cuenta con la menor inversión de Castilla y León “muy por debajo” de la segunda y la décima que recibirá menos dinero en todo el país.