Tras mostrar su “más absoluto agradecimiento” a quienes forman parte del operativo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, lamentan que las “buenas promesas” realizadas tras el gran incendio de la Paramera hayan quedado en “falsas promesas” y “buenas intenciones”, ya que los responsables del Gobierno autonómico señalaran que ese fuego que arrasó más de 22.000 hectáreas iba a suponer un “punto de inflexión” de la política forestal de la Junta. Después de los "terribles incendios” que se han producido en las provincias de Salamanca, Ávila y, especialmente, Zamora, donde murieron tres personas, “no hubo ni una sola palabra de autocrítica” por parte del departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En el caso de Ávila, con las olas de calor de junio, solo se encontraba activado el 15% del operativo de extinción, “sin decretarse época de peligro alto de incendios forestales y sin asignar guardias ni a técnicos ni agentes medioambientales, en sus funciones de jefes de extinción”.

En este sentido, FeSP-UGT lamenta que “un año después, ni desde la Consejería de Medio Ambiente ni desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente, hayan tenido tiempo de resolver los diferentes procesos selectivos para cubrir las decenas de vacantes en sus empleados públicos, así como dotar de aspirantes disponibles para las bolsas de empleo temporal del personal que presta servicios en la campaña de extinción de incendios”.

A contrarreloj

Ante esta “falta de previsión”, el Servicio Territorial de Medio Ambiente tuvo que acudir al Ecyl para contratar personal “a contrarreloj”, lo que ha supuesto que haya habido “puestos de vigilancia con un turno menos hasta el mes de agosto, como ha sido el caso de Seroles, el Alijar o el Refugio”.

Además, se han producido diferentes bajas laborales de larga duración sufridas por otros empleados públicos, conductores, escuchas y peones de montes que “no han podido ser cubiertas por falta de personal en dichas bolsas”.

En este sentido, habla de situaciones concretas vividas por el colectivo de agentes medioambientales y por los técnicos. En el primer caso, señala que “en pleno mes de julio y en plena ola de incendios”, tomaron posesión 14 nuevos agentes interinos procedentes de bolsas de empleo de otras provincias”. Se trataba de personal “sin experiencia en incendios” y “sin ningún conocimiento del funcionamiento del operativo y, lo que es más grave a efectos de seguridad, sin conocer los montes ni tan siquiera los municipios de su zona de trabajo y tras un curso de formación de extinción on line de 25 horas”. 

Un camión menos en Casillas

“Estos nuevos agentes sin experiencia en extinción han realizado guardias de incendios que tenían asignadas otros agentes con experiencia, con lo que el operativo se ha visto más resentido aún”, ha denunciado FeSP-UGT.

“¿No es más lógico que estos nuevos agentes tomen posesión de sus puestos de trabajo unos meses antes del inicio de la campaña de incendios?”, se ha preguntado el sindicato, criticando que esta forma de actuar sea “un claro ejemplo de malísima gestión de recursos de la consejería”.

También ha sufrido problemas el colectivo de técnicos, mientras que las bases helitransportadas han contado “con un especialista menos en cada cuadrilla tras el cambio del modelo de helicóptero sufrido, pasando de uno de mayor a menor capacidad” y el operativo ha dispuesto de un camión de extinción menos de los convenidos, en el caso concreto de Casillas.

Consideran que los devastadores efectos de los incendios son culpa de "una anticuada política forestal·, mientras que el "operativo flexible" montado por la Junta “ha saltado por los aires en el primer gran incendio forestal que hemos padecido.

Según el sindicato, “Un verano más, la provincia de Ávila, para intentar salir del atolladero, ha tenido que pedir auxilio a las comunidades vecinas, Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid entre otras; y un verano más, por desgracia, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha tenido que visitar nuestros montes en los tres grandes incendios que hemos padecido”, ha apuntado UGT, que recuerda que lleva “muchos años informando a la Consejería de Medio Ambiente de la precariedad del operativo y de las necesidades que año tras año pueden constatarse, reclamando unas mejoras que nunca llegan o llegan con cuenta gotas”.

Soluciones

Por todo ello, exigen un operativo de extinción que funcione durante todo el año y “acorde a estos tiempos y no seguir con el actual, más consonante con el siglo pasado que con este”.

Asimismo, ha pedido a la Junta “una adaptación normativa y legislativa que regule el funcionamiento del sistema de guardias de sus empleados públicos, así como unas compensaciones horarias y económicas, coherentes al riesgo y la responsabilidad que llevan inherentes”.

Entre otras muchas exigencias, este sindicato pregunta “cuándo va a solucionar el gran problema de avituallamiento para los trabajadores en la extinción, que existe en todos los grandes incendios” y “para cuándo tiene pensado cubrir las 300 plazas que tiene vacantes en su plantilla de agentes medioambientales”.

Además de reclamar una formación continua a sus empleados públicos, solicita la puesta en marcha de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, formadas por agentes medioambientales y técnicos de los servicios territoriales, que “tan buen resultado dieron en su día y que aniquiló hace años”. Asimismo, reclama la creación de centros forestales y la dotación presupuestaria a la Consejería Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Desarrollo para “aumentar el operativo con más personal y mejores medios".