Las condenas se han conocido en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ávila, donde se ha llegado a un acuerdo entre las partes. Los hechos se produjeron hace tres años.

Tras la investigación, a uno de los procesados, se descubrió que los otros dos acusados estaban vinculados en el menudeo de la distribución de droga a pequeña escala, gracias a la intervención telefónica al primero de ellos. La Guardia Civil, teniendo conocimiento de las otras dos personas que podrían estar ayudándole en la distribución o guardándole la droga al primero, procedió a la detención de uno de los hombres en el mes de septiembre de 2019.

Los agentes encontraron en su poder cocaína, con un peso neto de 19,72 gramos y con una pureza del 26.88%, cuyo precio en el mercado seria de 626,76 euros. Fue entonces cuando la Guardia Civil decidió registrar los dos domicilios del resto de procesados.

En la primera de las casas, la Guardia Civil encontró 19,11 gramos de cocaína, con una pureza de 81,12% y un valor en el mercado de unos 1.830 euros, mientras que en el segundo domicilio los agentes incautaron 120,47 gramos de cannabis, valorados en 671,41 euros.

Estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño contra la salud, en el caso del acusado que fue detenido y propietario del primer domicilio, y un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud en el caso del tercer procesado. 

Código Penal

Y es que, el Código Penal distingue entre sustancias que pueden causar grave daño a la salud como la cocaína, la heroína o las drogas sintéticas y aquellas que no causan grave daño a la salud que pueden ser sustancias como la marihuana, la resina de hachís o el cannabis, que fue lo que encontraron en el segundo domicilio.

Aunque los tres acusados reconocieron los hechos, en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial y donde se llegó a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para reducir su condena, la defensa del detenido aseguro que la cocaína incautada era para consumo propio y que no había “herramientas” suficientes para llegar a la conclusión de que se dedicará a la venta y distribución de sustancias tóxicas y estupefacientes. Y manifestaba que la única relación que tenía con los otros dos acusados era la venta de una furgoneta.

Sin embargo, los acusados confesaron los hechos y el tribunal ha pronunciado la sentencia ‘in voice’. En el caso del detenido y al primer investigado, la pena es de un año y seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena. Además, el primero deberá pagar una multa de 627 euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión en caso de impago, mientras que para el segundo la sanción asciende a 1.850 euros y dos meses en caso de impago.

Para el tercer procesado, al tratarse de un delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud, la pena es de un año de prisión y una multa de 672 euros con un mes en caso de impago y la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena.

Al ser la pena menor a dos años, las defensas solicitaron la suspensión de la condena. Un hecho al que el Ministerio Fiscal no se ha apuesta al darse “todas las condiciones” con el requisito de no delinquir durante un periodo de tres años y que el primer investigado se someta a un tratamiento de desintoxicación al haber alegado que era adicto a las drogas. Además, los acusados deberán abonar las costas procesales y se procederá a la destrucción de las sustancias intervenidas.