Los hechos ocurrieron entre el 2015 y enero de 2020, cuando la menor tenía entre 7 y 12 años, y los dos procesados convivían en el mismo domicilio en Navalperal de Pinares. El acusado actuaba como padrastro "pendiente de las necesidades escolares y materiales" de la menor, según el mismo, y aprovechándose de la situación de privilegio que le otorgaba ser pareja de la madre, presuntamente obligaba a la niña a realizar tocamientos carnales y otro tipo de agresiones como introducción de objetos o penetración vaginal. 

Estas agresiones eran "perfectamente conocidas" por la madre, que lejos de "denunciar los hechos, consentía los mismos, pese haberlos presenciado", al menos en una ocasión, tal y como ha explicado la niña, que ahora tiene 14 años, y que ha declarado por videoconferencia en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ávila.

En 2017 la pequeña confesó lo sucedido a su catequista cuando esta trataba de enseñar a sus alumnos “el amor entre unos y otros”. En aquel momento, la menor confesó que “su papá la quería de muy distinta manera”. Alarmada por la situación, la catequista se lo comunicó al párroco, quien a su vez decidió ponerse en contacto con el colegio donde estudiaba.

Fue entonces cuando la madre de la menor recibió una llamada y se reunió con la directora del colegio, pero esta lo negó todo. “A mí también venía y me decía que la había tocado y al rato me decía que era mentira”, ha explicado la procesada durante su declaración, en la que ha acusado a la niña de tener un comportamiento agresivo cuando la castigaban y que tenía celos de su relación con el otro acusado: “lo hacía para llamar la atención y estuviera con ella”, ha señalado.

La menor también buscó apoyo en su hermano mayor durante un fin de semana que fue a disfrutar de su convivencia. En un primer momento, este la creyó y llamó a su madre, tras hablar con ella cambió de opinión y pensó que su hermana se lo estaba inventando.

Unos tres años después de la primera declaración de la menor a la catequista, la niña, que ya tenía 11 años, volvió a contar lo sucedido con su padrastro a su profesora y directora del colegio en aquel momento, la cual desconocía esa conversación que la directiva del colegio había tenido con la madre.

"Altibajos" en el expediente académico

La menor niña tenía “altibajos” en su expediente académico, y que antes de denunciar su situación ante esta última maestra había empeorado de forma considerable, además se mostraba “más triste” y “no levantaba cabeza”, tal y como relata la docente.

Tras estos hechos, la maestra quiso preguntar a la niña si tenía algún problema en el colegio, con algún compañero o en su domicilio. “Me negó que tuviera problemas en casa y entonces la pregunte porque no traía hechos los deberes y me dijo que se iba con su madre al trabajo, porque no quería quedarse a solas con su padre en casa, porque le hacía hacer cosas que ella no quería. La pregunté qué si la obligaba a limpiar; hacer la compra o los deberes y me negó todo, fue entonces cuando la pregunté que si su padre hacía cosas en su cuerpo y me dijo que sí”, ha afirmado la profesora, quien declaró que la menor habló de violación y cuando quiso interrumpirla para explicar en qué consistía la niña apuntó: “también me la mete”.

“Me dijo que su madre lo sabía, pero no hacía nada (…) No quería hablar con la policía porque no quería que su madre entrará en la cárcel porque lo consentía”, ha afirmado firma la directora, que puso en marcha el protocolo del centro tras hablar con la menor.

Declaración de la menor

Durante la celebración del juicio, la niña ha testificado de forma telemática. Respondiendo a las preguntas del tribunal de la Audiencia Provincial, la menor ha confesado que su madre los vio “más de una vez” cuando su padrastro “la obligaba” a mantener relaciones sexuales, y que esta la regañaba a ella. Además, el procesado la obligaba a ver pornografía y la mandaba mensajes como “esta noche lo hacemos” o “qué estás haciendo, te estás tocando” a su Whatsapp.

La menor ha asegurado que estos hechos fueron recurrentes y que tan solo cesaban cuando su padrastro se encontraba de viaje para cuidar de su tía o cuando ella tenía la menstruación.

En las conclusiones, el fiscal ha destacado la “madurez” de la niña en su declaración, respecto a conversaciones registradas en los informes de los diversos peritos que la habían analizado y entrevistado. Su discurso era “más estructurado e ilustrativo que la primera vez” y ha sido “claro, persistente, rotundo, fiable y preciso”. Además, el Ministerio Fiscal ha expuesto que la menor tiene más que perder confesando estos hechos, ya que su intención, según había manifestado en numerosas ocasiones a varios peritos, era que “quería quedarse con su madre y sigue manteniendo su declaración a pesar de que se encuentra en un centro de menores”.

Disfunción eréctil

Por su parte, el padrastro ha usado como pretexto que sufría un problema de disfunsión eréctil para asegurar que no podría haber mantenido relaciones sexuales con la niña. Sin embargo, las dos médicos forenses y el médico que le trató en 2020 por vía telefónica (con el procedimiento ya abierto) apuntan que esta patología es “un síntoma y no una enfermedad”, por lo tanto, no pueden comprobar ni justificar que la padezca.

Tras los testimonios de la directora del colegio; la catequista; la directora del centro de Mensajeros de la Paz; el hermano; dos psicólogos; técnicos de Protección de la Infancia; dos médicas forenses y el doctor que trató al procesado por su posible disfunción eréctil, estaba previsto que tres guardias civiles también declararán. Sin embargo, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular y las defensas han estado de acuerdo en “prescindir” de sus testimonios.

Finalmente, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han solicitado una pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, privación de la patria potestad respecto a la menor (en el caso de la madre) y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por el tiempo de 20 años.

Además, piden la medida de libertad vigilada por tiempo de diez años, después de la ejecución de la pena privativa de libertad, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión y oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular o directo con menores por un tiempo superior a cinco años.

Respecto a la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita una indemnización conjunta en concepto de daños psicológicos y morales de 20.000 euros. Una cifra que la acusación particular eleva a 50.000 euros, haciendo alusión a otras sentencias “más leves”. Por su parte, las defensas de los acusados quieren la sentencia absolutoria para la madre y el padrastro, los dos acusados. El juicio ha quedado visto para sentencia.