Portavoz  n la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, García ha puesto de manifiesto que “uno de los retos que la Administración pública tiene ya planteados es la agilidad con que debe actuar para responder a las solicitudes de los ciudadanos con respecto a su protección social”.

“No se puede comer con efecto retroactivo, así que hay que acortar plazos y convertir la Administración en una maquinaria sin papeles ni ventanillas, que es por lo que abogamos desde el PP, siempre con eficiencia y eficacia en la gestión”, ha señalado como ejemplo.

Según ha indicado, en España hay “13,1 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, casi tres millones más que en 2018”, por eso una de las claves es “la inserción laboral, que es para el PP, como siempre ha sido, un objetivo prioritario de las políticas dirigidas a las personas en situación de riesgo de exclusión”.

En este sentido, ha demandado “un plan social orientado al empleo de los más vulnerables, con bajadas de impuestos o deducciones fiscales reembolsables que son posibles, para lo que tiene que haber un gasto público inteligente, con un enfoque socialmente responsable”. 

Generación de empleo

García ha subrayado que los Servicios Sociales “representan uno de los sectores donde se genera más empleo por millón de euros invertido, donde hay más retornos, donde el empleo es de calidad, fundamentalmente femenino y una gran parte en el medio rural”.

En cuanto a la dependencia, la diputada ha fijado como próximos objetivos del PP “conseguir que el Gobierno aporte la misma cantidad que los ejecutivos autonómicos al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se amplíen los casos de gratuidad y reducción del copago de la teleasistencia y en la ayuda a domicilio, especialmente a las rentas más bajas y a las personas que más lo necesitan, y que se mejoren las cuantías de las prestaciones económicas de dependencia especialmente en el caso grandes dependientes”. 

  
Respecto a los mayores, García ha destacado “la defensa que el PP hace de que haya más recursos y mayor calidad en la atención para que las personas mayores vivan donde quieran vivir, con la libertad de elección de centro o que cuenten con nuevas soluciones residenciales a la escala del medio rural, y que puedan vivir en su entorno con servicios de proximidad eficaces".