Según el presidente de la entidad, Alberto Pascual, “la adaptación de las empresas a la nueva normativa energética llega en un escenario de incertidumbre y especialmente delicado, sobre todo por el contexto inflacionista que estamos viviendo en los últimos meses”.

El 70% determina la inflación (39.02%), y su repercusión en el coste de materiales, y el descenso del consumo (31,14%) son “las mayores preocupaciones de cara al próximo curso empresarial”, destaca Pascual.

Otros factores que preocupan son la liquidez para hacer frente a pagos periódicos, las posibles dificultades para el suministro de materiales, la desinformación al consumidor, la viabilidad para mantener a la plantilla de trabajadores o “la existencia de subvenciones públicas efectivas como escollos a tener en cuenta”, según las opiniones recabadas por la cámara durante las últimas semanas.

Consultados sobre la línea de ayudas de hasta 5.000 euros por beneficiario anunciada por la Junta de Castilla y León para aliviar los gastos a los que tengan que hacer frente las empresas para ajustarse al Plan de ahorro y gestión energética, el 64% tilda de acertada la medida, aunque solo el 22% reconoce su intención de adherirse.

A modo de conclusión, el 91,1 de las empresas participantes en la encuesta espera un curso “más difícil” que los anteriores por solo un 8,9% que considera que será “como otros años” a pesar de la problemática actual.

Plan de ahorro
Respecto al Plan de ahorro y gestión energética en climatización para reducir el consumo aprobado en agosto, el 91,5% de las empresas y autónomos consultados cree que el Gobierno “no ha dado margen suficiente” para adaptarse a la nueva legislación. Según Pascual, “se desprende el descontento mayoritario ante la nueva normativa”, que es “innecesaria” en opinión del 64% de los encuestados. Además, el 55% considera que el plan de ahorro ¡influirá negativamente en los beneficios de su negocio durante los próximos meses”.

Los resultados reflejan que el 66,7% considera un “problema grave” para sus clientes y trabajadores la nueva normativa de regulación de temperatura, una de las medidas de más impacto que contempla el artículo 29 del RDL 14/202.

Junto a esta limitación, el plan de ahorro incluye la obligatoriedad de apagar los escaparates y alumbrados de los comercios a partir de las 22 horas, un aspecto negativo para la mayoría. Un 75,6% lo considera un “perjuicio general” para los comercios abulenses, que de forma unánime han echado de menos un mayor consenso por parte del Gobierno a la hora de implantar estas medidas. El 84% asegura que el ejecutivo “no ha actuado bien” a la hora de impulsar la nueva normativa dado el contexto actual y el 100% lamenta que no se haya consultado lo suficiente, especialmente aquella que pueda requerir una inversión importante como el cierre automático de puertas.

Si bien solo el 32% prevé tener que afrontar un gasto para adecuar sus instalaciones, un 55,6% considera que la entrada en vigor de las nuevas medidas repercutirá negativamente en sus beneficios durante los próximos meses. En referencia a la cuantía de las reformas a realizar, el 50% cifra la inversión necesaria entre 3.000 y 6.000 euros, el 35% en menos de 3.000, el 7,5% en más de 6.000 y el otro 7,5 restante eleva la previsión a más de 10.000 euros. 

El segmento de la muestra corresponde a un 80,9% de micropymes (de 1 a 5 trabajadores), un 12,8% de empresas de entre 6 y 25 empleados, un 4,2% de entre 26 y 50; y un 2,1% con más de 100. 

En cuanto a los sectores de producción, el 57,8% pertenece al comercio, el 24,4% a servicios, el 6,7% al sector agroalimentario y el 4,4 al agroganadero, y al apartado de otros el 6,7%.