Pascual se ha referido de esta manera a las declaraciones realizadas en Ávila por el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, hablando de que la reflexión debe ser de "todos".

Desde su punto de vista, la Junta "debe reflexionar" sobre la política antiincendios seguida hasta el momento y acometer “cambios urgentes” en la misma, ya que “todos los años Castilla y León arde y eso, por desgracia, ya no es una situación extraordinaria”.

Al respecto, ha recordado cómo su partido en 2019, tras el incendio que se produjo en Pedro Bernardo, ya “advirtió de la necesidad de cambiar la política forestal, potenciando la limpieza de los montes y su aprovechamiento, por ganaderos y empresas”. "Sin embargo, como siempre, se hizo caso omiso y ahora, tres años después, nos encontramos con que Ávila y Castilla y León siguen ardiendo cada verano”, ha añadido.

En este contexto, Pascual ha vuelto a solicitar la creación de un Consorcio Regional de Bomberos que preste los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en las nueve provincias de la Comunidad y que atienda, de forma "coordinada", todas las incidencias que se produzcan, "tanto urbanas como forestales".

Pasividad

Igualmente, ha solicitado "agilidad" al Ejecutivo autonómico para cubrir las plazas vacantes de agentes medioambientales, a la vez que ha criticado la “pasividad” del Gobierno autonómico, alegando que “la Junta llegó tarde” dado que las plazas vacantes en la provincia se empezaron a cubrir una vez iniciada la campaña de incendios forestales, algo que demuestra “la falta de previsión” y que la Junta “siempre actúa después de los acontecimientos”. 

El procurador de Por Ávila se ha preguntado "por qué el presidente Mañueco no ha comparecido ante las Cortes para dar explicaciones sobre los incendios que han calcinado la Comunidad este verano y va a esperar a octubre", puesto que “ya no vale eso de que se está ante una situación extraordinaria derivada de la sequía y las altas temperaturas".

"Llevamos alertando de la situación al menos tres años y la Junta tiene que asumir su responsabilidad y replantearse la política que han ido desarrollando hasta ahora”, ha concluido.