Entre enero y maro hubo 94 ejecuciones hipotecarias desde los juzgados frente a las 310 del año 2012, lo que supone un 54 por ciento respecto al primer trimestre del año anterior, y a las 169 de 2011.

Se trata de la tercera provincia de España donde más ejecuciones porcentualmente se han producido en el mismo periodo (Soria 166,7 por ciento y Salamanca 84,3 por ciento).

Según José Carlos Pajares, secretario de FSP-UGT, estos datos se achacan “al cuarto pecado capital, la avaricia, no sólo de los bancos abulenses sino de algunos profesionales que intervienen, pues si bien es cierto no siempre la ejecución hipotecaria acaba echando de su piso a los deudores, sí supone la resolución anticipada del préstamo, lo que supone añadir a las cuotas impagadas todas las cuotas pendientes de pago, con sus intereses moratorios y minutas de los profesionales que intervienen”.

“Hemos encontrado alguna minuta de abogado de 12.000 euros por tramitar un embargo hipotecario para un banco”, ha lamentado.

Alquileres sociales
Francisco Muñoz ha criticado que “los bancos echaron a 308 familias de sus viviendas en 2012, cuando aportaron menos de 25 al fondo social, de las que la mayoría se encuentran ocupadas”.

“Aunque hay viviendas de sobra se niegan a los alquileres sociales”, ha lamentado.

El sindicato ha asesorado a cuatro afectados por la conseguir la dación de pago y liberarles de los préstamos con garantía hipotecaria así como a los avalistas, entre ellos para la consecución del primer alquiler social de la vivienda entregada.

Muñoz ha destacado “dos hitos” en este asunto, como fue la sentencia europea que en marzo “tiró por tierra el sistema hipotecario judicial”, y la del Tribunal Supremo de mayo sobre condiciones generales abusivas suprimiendo la cláusula suelo, en cuyo caso se reclama para eliminar el expediente o ante el Banco de España.

FSP-UGT mantiene un servicio de asesoramiento gratuito (920 25 44 88).