En un comunicado y en respuesta a las críticas recibidas, el Gobierno, a través de la secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio, María José Rallo, ha transmitido un “mensaje de tranquilidad”, para asegurar que “ningún ciudadano se va a quedar sin autobús y el Estado no va a suprimir estos servicios”.

“Estamos en un proceso de rediseño de todo el mapa concesional de los servicios en autobús que requieren un trabajo conjunto de colaboración con las comunidades autónomas”, ha afirmado.

La responsable ha añadido que “el documento inicial que se ha compartido con las comunidades autónomas es una primera versión, por lo que no se puede dar a entender que los ciudadanos se van a quedar sin servicio”. De hecho, ha confirmado que “el objetivo es el contrario: que, con el trabajo conjunto de las diferentes Administraciones, el autobús pueda atender a más personas, con mejores precios, servicios y tiempos de viaje más competitivos”.

Así, el nuevo mapa concesional en el que trabaja el ministerio es “una evolución necesaria para que este modo de transporte sea aún más efectivo, cómodo y competitivo en este tipo de viajes respecto al coche privado, y lo haga dando respuesta a las necesidades del ciudadano, potenciando la interconexión con las redes autonómicas de transporte por carretera y respetando así el actual marco competencial”.

Para ello es “fundamental avanzar en la digitalización de la que hoy disponemos y en la interconexión de las distintas redes de transporte, a través de los nodos de intercambio que faciliten al ciudadano el acceso sencillo y homogéneo a la oferta global de transporte, mejorando sus posibilidades de movilidad.

Según el ministerio, el nuevo enfoque requiere que la actual colaboración con las comunidades autónomas para coordinar las redes de ambas administraciones”. En este sentido, se ha optado por “un proceso de definición del mapa totalmente participativo, manteniendo por ejemplo reuniones con las comunidades autónomas, con el sector, organizando talleres de trabajo con la participación de empresas, sindicatos, etc, o elaborando cuestionarios para el envío de comentarios y sugerencias, y especialmente poniendo a disposición la documentación técnica correspondiente que se ha enviado específicamente a los departamentos autonómicos responsables para analizar tráficos, paradas. etc, en un trabajo conjunto habitual entre ambas administraciones”.

Se trata de “un enfoque transparente y basado en la cooperación y la escucha activa, para que puedan formular las observaciones que consideren adecuadas y que posteriormente se someterá a información pública general, una vez se complete esta primera fase con las administraciones implicadas”.

El nuevo mapa concesional “deberá entenderse como una parte del sistema global en necesaria conjunción con los respectivos mapas de cada comunidad autónoma, que se complementarán, para dar la capilaridad al resto del territorio”.