Con ella quieren que la Junta ofrezca instrucciones para “garantizar la asistencia pública y gratuita a los inmigrantes sin papeles en igualdad de condiciones” que el resto de castellanos y leoneses.

Según la secretaria de Sanidad del PSOE regional, la procurador abulense Mercedes Martín, tras casi un año de aplicación de esta medida “el balance tiene cara y ojos”, en referencia al inmigrante que es “el reflejo de la exclusión de una parte de los ciudadanos al derecho a la salud”.

Por este motivo, en la proposición no de ley para su debate en las Cortes de Castilla y León piden que se garantice la “asistencia pública y gratuita a los inmigrantes sin papeles en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos de Castilla y León”.

Según Martín, la ministra de Sanidad, Ana Mato, “ha conseguido que el sistema sanitario, que era de referencia internacional, aparezca hoy en las encuestas como el cuarto problema para los ciudadanos”.

Con la nueva normativa que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012, la medida afecta a “unas 150.000 personas, muchas de ellas de Castilla y León”, lo que “no es más que un peaje que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso, la salud".